Archivada la causa por la muerte de tres trabajadores en el Guadiana en 2021

La causa por la muerte de los tres trabajadores que fallecieron en enero de 2021 al volcar su embarcación cuando realizaban labores de control del camalote en el Guadiana a su paso por Badajoz ha sido archivada después de que las partes llegaran a un acuerdo para resarcir económicamente a las familias de las tres víctimas, José Luis Martín Quintana, de 31 años, Rafael Gemio Estévez, de 44, y Emilio Bastida Vaca, de 60

El pacto se alcanzó hace unos meses, pero hasta ahora no había trascendido el sobreseimiento del procedimiento penal. Lo que se sigue manteniendo en secreto es la cuantía de las indemnizaciones que han tenido que asumir la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), las subcontratas para las que trabajaban los fallecidos, Foresa y Exver, y sus compañías aseguradoras, cada una en la parte que le ha correspondido.

Jorge Palacios, abogado que representa a los familiares de Rafael Gemio, y Juan Manuel Yerga, letrado de los de José Luis Martín y Emilio Bastida, no quisieron precisar las cantidades económicas por motivos de «confidencialidad».

Varios años de negociaciones

«Han sido años para alcanzar un acuerdo y todas las partes han hecho grandes esfuerzos: la CHG, las empresas, las aseguradoras, la fiscalía y, por supuesto, las familias», valoró Palacios.

El trágico suceso ocurrió pasadas las 8.30 del 25 de enero de 2021. Los tres trabajadores se desplazaban en una barca que fue arrastrada hasta el azud de la Pesquera, volcando y precipitándose por sus dos metros de altura. Dos de los fallecidos fueron recuperados por sus propios compañeros en la zona de El Pico poco después del suceso, mientras que el cuerpo del tercer trabajador fue arrastrado por la corriente y no pudo ser rescatado hasta casi tres horas después bajo el puente de Palmas.

Los tres eran empleados de Foresa, una de las empresas que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tenía contratadas para llevar a cabo las labores de control de especies invasoras en el Guadiana y llevaban trabajando 18 meses con esta contrata, pero ya antes habían desempeñado los mismos trabajos.

Tras el suceso, la Inspección de Trabajo detectó posibles infracciones en seguridad y salud. En su informe , se indicaba que las condiciones ambientales y meteorológicas y el caudal y corrientes del río pudieron ser no adecuadas para acometer estos trabajos y también recogía tres posibles incumplimientos en materia de riesgos laborales: la falta de formación de los trabajadores para asegurar su destreza en el nado; la no existencia de un procedimiento a seguir en caso de una emergencia de este tipo; e incumplimientos en la calidad y normas de uso de los equipos de protección individual, concretamente respecto a los chalecos salvavidas y a los vadeadores.

Por estas conclusiones se abrió un acta de infracción contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana y las dos concesionarias, que defendieron que no se había cometido ninguna infracción y se siguieron los protocolos establecidos. Este procedimiento continuó por la vía administrativa (hubo sanciones y se recurrieron), mientras que el penal, tras el acuerdo, fue archivado en la fase de instrucción, al frente de la que estuvo el Juzgado número 2.

Fuente: La Crónica de Badajoz