Amenazas

La patrimonialización de lo público es la confusión intencionada entre los intereses de quien ocupa un cargo o los de su partido y los de la institución a la que representa, que deja de servir a todos para servir a unos pocos.

El último pleno del Ayuntamiento de Badajoz fue especialmente bronco entre el PP y el PSOE, a pesar de que la mayoría de los puntos que incluía el orden del día se aprobaron por unanimidad. En uno de los momentos de mayor intensidad del debate, la concejala del PP Gema Cortés recordó al portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, que «la diputación no es del PSOE, es de todos». Cortés respondía con estas palabras a la amenaza en toda regla que Cabezas dirigió a la bancada popular. Cabezas había reaccionado en su condición de diputado provincial a las mofas del equipo del PP relacionadas con el asunto judicial en que se halla inmerso el hermano de Pedro Sánchez, de nombre artístico David Azagra, por presuntas irregularidades en el puesto de trabajo que ha ocupado en la Diputación de Badajoz. El portavoz municipal del PSOE y diputado provincial del PSOE habló en primera persona del plural para decir que «desde la institución provincial nos estamos cansando». «Estamos muy cansados ya», reiteró para, a continuación, pedir «respeto institucional» del ayuntamiento a la diputación y advertir al alcalde de que «veremos a ver qué sucede a partir de ahora cuando llamen sus concejales para ayudar, colaborar y patrocinar eventos deportivos y culturales».

Una amenaza en toda regla por parte de quien se considera con el poder suficiente para decidir a qué ayuntamiento beneficia con el dinero público que se maneja en la diputación. Tienen derecho los que gobiernan en la institución provincial a estar «cansados» de una polémica que les salpica muy de cerca y que ha espabilado el sueño a más de uno. Pero de ningún modo justifica que los ofendidos puedan hacer uso partidista de la institución a la que representan, para intentar frenar las burlas que no iban dirigidas a la diputación como Administración pública, que se debe a todos los ayuntamientos de la provincia, no solo a los pequeños, pues lo que la diputación hace por Badajoz no es un favor a su ayuntamiento, sino un deber con los vecinos de esta ciudad. Cabezas no se removió en su sillón cuando dirigió su amenaza, que no arrojaba contra el PP, sino contra el ayuntamiento y contra la ciudad, pues si Badajoz deja de recibir una subvención, los afectados son todos sus ciudadanos.

El portavoz socialista la lanzó como si tal cosa, como si fuese una prerrogativa inherente al cargo. Deben creer que así es, porque a los pocos días, su presidente, el de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, hizo algo semejante, aunque en esta ocasión la presunta ofensa institucional procedía del Gobierno regional, también del PP. El motivo fueron unas declaraciones de la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, que reprochaba a las diputaciones no participar desde hace tres años en los planes de empleo. Bazaga se refería a los planes regionales y es cierto que desde hace tres años no se firman a tres bandas, aunque también sea verdad que las diputaciones siguen contribuyendo de manera independiente con ayudas a los ayuntamientos. Sea como sea, este reproche debió coger calentito a Gallardo que, como ya hizo su diputado Cabezas, reaccionó exigiendo una rectificación y amenazando a la Junta con retirar a la diputación de todos los programas conjuntos.

Una reacción desmedida que posiblemente no llegue a mayores, pero dice muy poco de quien así se comporta. Ni Cabezas ni Gallardo han explicado con qué criterio adoptarían -llegado el momento- estas decisiones, que supondrían la ruptura entre instituciones que deben estar muy por encima de las disputas políticas. Gallardo y Cabezas representan a la diputación, claro que sí, pero ni son la diputación ni tampoco lo es su partido. Confundirlo es lo que se denomina patrimonialización de lo público.