"Las decisiones de la Junta de Extremadura sobre menores migrantes se toman en la calle Génova"

-Su vuelo se ha retrasado y ha trastocado su agenda en Badajoz. Ha comprobado el problema de comunicaciones que tenemos en Extremadura.

-Si no tienes infraestructuras, no tienes jóvenes. Aquí y en cualquier lugar de Europa. La única manera de asentar es tener comunicaciones, incluido internet, la fibra de vida y la accesibilidad, si no, los jóvenes se van.

-Es lo que estamos viviendo en el medio rural.

-Luego hablas con el sector primario y están desesperados porque no encuentran mano de obra. Si no asientas a jóvenes en el territorio no hay opción. 

-Ha venido a reunirse con el colegio de educadores sociales.

-Dentro del debate sobre los sistemas de protección de menores, nos hemos dado cuenta de que existen 17 distintos, con casuísticas muy diferentes, y creemos que pasados ya muchos años de la transmisión de las competencias en materia de protección a la infancia a las comunidades autónomas, ya es hora, sobre todo por los grandes cambios que está teniendo el fenómeno migratorio en soledad, que nos obliga a tener una estandarización: cómo tienen que ser los centros, el número de plazas y de educadores sociales que se deben tener. Debemos estandarizar porque además hay mucha movilidad. No tiene sentido que la provincia de Burgos tenga su sistema de protección y en el País vasco y Álava sea radicalmente diferente. Creo que es algo lógico y tiene que ser el segundo gran cambio del sistema de protección de este país. El primero fue abandonar el modelo de orfanatos de posguerra. El segundo es adaptarlo al interés superior del menor y, sobre todo, a una cuestión de hacer un itinerario de transición de vida adulta y de inserción sociolaboral al que tenemos que dar una vuelta.

-Su ministerio está preparando un real decreto de estándares mínimos de centros de menores. ¿En qué momento está?

-No hemos querido hacer nosotros el texto y decir que éste es el estándar. Hemos hablado con sindicatos, con entidades del tercer sector que trabajan con infancia, con modelos de comunidades autónomas, tanto la ministra como la secretaría de estado hemos viajado y hemos visto los 17 sistemas de protección, para poner encima de la mesa una propuesta que contara con un consenso muy trabajado, de una parte muy importante para nosotros que son los trabajadores, que son los grandes olvidados. Más allá de los derechos de los menores -que muchas veces se olvidan puertas adentro del centro- las condiciones laborales y la situación de precariedad absoluta y la subcontratación sin a veces control o auditoría por parte de las administraciones públicas, es evidente que ha sido un problema. Obviamente, las comunidades autónomas dirán que no es así, pero tenemos casos de licitaciones fraudulentas que no cumplían los requisitos que estaban en el pliego, falta de personal, falta de comida incluso para los propios menores y se trata de poner una garantía para que eso no vuelva a reproducirse.

"Como todo asesinato que se produce en un ámbito tan sensible como es la infancia, desde luego que siempre se puede hacer más"

-Se refiere a los centros de acogida de menores, que competen a su ministerio. ¿Estos estándares mínimos se harán extensivos a los centros de cumplimiento de medidas judiciales? El asesinato de la educadora Belén Cortés puso de manifiesto graves deficiencias. ¿Se podría haber evitado?

-Yo no quiero aventurar algo que está judicializado. Lo que nos llega de los trabajadores son unas condiciones que sí implican un riesgo en el desempeño de sus funciones. Nos alertan de que tenemos que cambiar el sistema de protección precisamente para garantizar. El real decreto de estandarización puede recomendar algunas actuaciones. Como todo asesinato que se produce en un ámbito tan sensible como es la infancia, desde luego que siempre se puede hacer más. Tendrá que resolver un juez. Pero creo que hay medidas que los trabajadores han verbalizado, no solo a nosotros, sino a la opinión pública extremeña, que suscribimos y que nos parece normal que estén tomadas dentro del sistema de protección.

-Belén Cortés estaba sola. ¿Estos estándares mínimos recogen que nunca más se quede un educador solo con varios menores?

-La estandarización no está pensada para la reforma, que requiere casuísticas más complejas. Como es el propio centro Marcelo Nessi, que tiene unas características muy concretas. Sí es cierto que para nosotros hay medidas que son análogas, tanto para el sistema de protección como el de reforma, y es la dotación de personal adecuado. Vamos a establecer un ratio de educadores y de personal que tiene que haber por el número de menores que estén en los centros. Y vamos a proponer la redimensión de esos centros para evitar los macrocentros, donde es más difícil para el personal atenderlos. Luego hay indicadores que se pueden poner encima de la mesa. No es solo abroncar de la situación. Hay buenas prácticas en reforma y en protección que han hecho muchas comunidades y es bueno que se vuelquen a un real decreto que pueda servir para otras.

"A lo mejor hay que repensar que esto tiene que formar cuando menos un corpus importante de los servicios públicos que gestione directamente la comunidad autónoma"

-Ahora tienen que responder las comunidades, en cuanto a medios y posibilidades de adaptación.

-Seguimos diciendo que los servicios sociales son el cuarto poder del Estado. Dentro de los servicios sociales hemos llegado a amplios consensos, que también se tienen que dar en los sistemas de protección de menores y hay que financiarlos. No plantear que lo financie el Estado. Primero hay que hablar de los presupuestos autonómicos, cuánto dinero están dedicando a un servicio tan importante, qué tipo de licitaciones, si realmente hay empresas que han hecho de esto un negocio y un lucro, y eso es evidente. Nosotros estamos revisando estos modelos de externalización. Empresas que se crean tres meses antes de licitaciones y acaban ganándolas. Porque a lo mejor hay que repensar que esto tiene que formar cuando menos un corpus importante de los servicios públicos que gestione directamente la comunidad autónoma. Los trabajadores nos dicen que cada vez que cambia la empresa, cambia totalmente la gestión del centro, para mejor o peor. Necesitamos cierta estabilidad en los sistemas de protección.

-Para terminar, porque le compete. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Extremadura contra el reparto obligatorio de menores migrantes. También han recurrido Aragón, Cantabria y Madrid, todas gobernadas por el PP.

-Desde luego las decisiones en materia de infancia migrante de la Junta de Extremadura se toman en la calle Génova. Nosotros lo hemos visto cuando se viene con una posición de partido y no con lo que interesa a la ciudadanía extremeña. Los sistemas de protección de las comunidades gobernadas por el PP son diferentes entre sí y algunas casuísticas son completamente distintas. No puede ser que el PP pretenda que el modelo de Madrid se instaure en el conjunto de los sistemas de protección, cuando las casuísticas son completamente diferentes. Es legítimo que un real decreto ley convalidado en el Congreso de los Diputados, una comunidad entienda que no se ajusta a lo que ellos consideran que tiene que ser el acogimiento de la infancia migrante. Pero que sea por una decisión de esa comunidad autónoma tras analizar sus sistemas de protección. No que se decida en la calle Génova, cuando en Extremadura, en Galicia o en Andalucía hay directores generales y personal muy cualificado, que lleva muchísimos años en el sistema de protección, y es consciente y sabe perfectamente las carencias y deficiencias que tiene.