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La sentencia del Contencioso- Administrativo se puede recurrir ante el TSJEx

Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz

El juzgado estima íntegramente la demanda de los padres y da por probado que no se llevaron a cabo los protocolos establecidos, con lo que se prolongó la situación de riesgo hasta que el niño nació sin vida

Exterior del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Exterior del Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Andrés Rodríguez

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá indemnizar a unos padres con 351.418,82 euros -más intereses legales- por la muerte de su bebé durante el parto en el Hospital Materno Infantil de Badajoz hace más de una década, en octubre de 2014, al considerar que la asistencia sanitaria no se ajustó a la ‘lex artis ad hoc’ exigible en este tipo de intervenciones, es decir, que no se aplicaron el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas en ese tipo de intervención.

Así lo recoge una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz, que estima íntegramente la demanda presentada por los progenitores contra el rechazo por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron en mayo de 2023 los progenitores frente al director gerente del SES por las secuelas y lesiones sufridas como consecuencia del deficiente funcionamiento del servicio público.

Este caso fue enjuiciado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz, que terminó en sentencia absolutoria, y los padres acudieron entonces a la vía contencioso-administrativa, procedimiento judicial en el que han tenido como abogados a Juan Ramón Corvillo, socio director del despacho Corvillo Abogados con sede en Cáceres, y al letrado de Almendralejo Luis Hurtado. Ahora el juzgado ha anulado la desestimación de su reclamación por parte del SES y ordena a la Administración, a la que también impone las costas procesales, a que los indemnice con la cantidad solicitada, que considera ajustada a los daños morales y psicológicos producidos a los demandantes.

Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2014, cuando la madre ingresó en el servicio de Obstetricia y Ginecología por la rotura de la bolsa una hora antes, con líquido amniótico y una gestación de 39 semanas y 4 días. Tras ser valorada en Urgencias, la paciente fue derivada a la planta de Tocología, donde se inició el parto de forma espontánea, por lo que fue trasladada al paritorio. Entonces, se le administró la epidural sin incidencias, pero durante el parto se detectaron signos clínicos de sufrimiento fetal, como desaceleraciones en el registro cartográfico y presencia de meconio, que requerían de pruebas urgentes complementarias e, incluso, de finalizarlo mediante cesárea.

Protocolos del Sistema Nacional de Salud

Sin embargo, estas actuaciones -previstas en los protocolos del Sistema Nacional de Salud- no se llevaron a cabo, prolongándose la situación de riesgo hasta que el niño nació sin vida. Pese a los intentos por reanimarlo, solo se pudo certificar su fallecimiento.

El SES defendía que la asistencia fue adecuada a la ‘lex artis’ y se actuó con diligencia, pero el juez da credibilidad al informe del Instituto de Medicina Legal, que considera que la atención recibida por la paciente fue contraria a las prácticas médicas establecidas y señala que en este caso no se realizaron las pruebas indispensables para descartar una hipoxia fetal. Estas mismas conclusiones fueron respaldadas por otro informe aportado por la parte demandante, encargado a un especialista en Ginecología y Obstetricia.

«Debemos destacar la existencia de un nexo causal evidente entre el funcionamiento del servicio pública y los daños reclamados», subraya el juez en su sentencia, que no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

«Los padres tenían razón; tenía que haber justicia y la ha habido», valoró ayer el abogado Juan Ramón Corvillo, quien reconoció que lo ocurrido fue una «desgracia absoluta» para sus representados, que llevan más de una década sufriendo por una actuación sanitaria incorrecta.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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