Prisión provisional para el segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz
Como hizo su hijo, que ya está en la cárcel, se ha acogido a su derecho a no declarar. Se le investiga por los delitos de homicidio e incendio
El juez se ha desplazado a tomarle declaración hasta el hospital, desde donde será trasladado al centro penitenciario cuando reciba el alta

El juez y el resto de miembros del juzgado llegan al hospital Perpetuo Socorro. / Santi García
El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el segundo detenido por la muerte de la funcionaria de Badajoz, investigado por los delitos de homicidio e incendio.
Como hizo este lunes su hijo -imputado por los mismos delitos-, se ha acogido a su derecho a no declarar.
El juez se ha desplazado a tomarle declaraciónn hasta el Hospital Perpetuo, en cuyo módulo de custodia policial permanece ingresado desde este lunes, después de haber tenido que ser asistido por el 112 en los juzgados al sentirse indispuesto. Por este motivo no compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 2, el que estaba de guardia el día de los hechos.
Traslado al centro penitenciario
El hombre será trasladado al centro penitenciario cuando reciba el alta médica y, mientras tanto, seguirá en el módulo de custodia, pero ya no en calidad de detenido, sino como preso.
Los dos detenidos por la muerte de la joven funcionaria son padre e hijo, este último vecino de enfrente del piso de la víctima, en la cuarta planta del número 54 de la avenida de Santa Marina, donde su cadáver fue hallado el pasado jueves con heridas de arma blanca y quemadura.
Según fuentes consultadas, el padre acudió al día siguiente a la comisaría para autoinculparse del homicidio, pero horas después llegó su hijo para decir que había sido él.
Tras el trágico suceso, el juez decretó el secreto de las actuaciones, que se mantiene. La investigación sigue abierta.
La familia de la víctima ya se ha personado como acusación particular. Su portavoz, Antonio Fernández, ya adelantó a este diario que, una vez que se esclarezcan y conozcan las causas de su muerte, si hay motivos, pelearán porque los responsables sean condenados a prisión permanente revisable, el máximo castigo que contempla el Código Penal español.
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