El juzgado frena la expropiación de la casa del cura de Herrera del Duque (Badajoz)

Nuevo revés judicial a los planes del Ayuntamiento de Herrera del Duque para expropiar parte de los terrenos de la parroquia de San Juan Bautista para crear una plaza en el casco antiguo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha vuelto a fallar a favor de Iglesia y ha anulado la aprobación definitiva del programa de actuación para reurbanizar el barrio de El Barruelo, que afecta a varias dependencias parroquiales, entre ellas, la vivienda en la que reside el sacerdote, que tendrían que ser demolidas.

Ya existía un auto de este mismo juzgado, con fecha de l pasado mes de julio, que paralizaba de manera provisional la expropiación forzosa de este suelo, que se dictó después de que los representantes legales de la parroquia solicitaran esta medida cautelarísima ante la inminente toma de posesión de los terrenos anunciada por el consistorio.

Ahora, la jueza va un paso más allá y anula la aprobación definitiva del programa de ejecución del PERI-4, a la que dio luz verde el pleno municipal el 29 de mayo de 2024. De este modo, estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra esta resolución por la parroquia de San Juan Bautista, al entender que el ayuntamiento alteró el sistema de actuación previsto, al pasar de la cooperación a la expropiación, sin acompañar el cambio de la documentación técnico-económica obligatoria que marca la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus).

Asimismo, en la sentencia se hace constar que tampoco se cuenta con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio de la Junta para realizar intervenciones bajo rasante en un entorno protegido, como es el de la parroquia de Herrera del Duque, que está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos del municipio. En este sentido, señala que la ausencia de autorización no puede considerarse subsanada por un informe genérico de esta dirección, «pues en la resolución ni siquiera se hace mención a la existencia imprescindible de un proyecto de intervención», y que no basta con «la prevención» de que se llevará a cabo un seguimiento arqueológico. Es decir, que debe de haber un permiso previo de Patrimonio y no la intención de solicitarlo cuando se vayan a iniciar las obras de ejecución, que es lo que alega en su defensa el consistorio.

Conflicto desde 2021

Este conflicto urbanístico, que es motivo de controversia entre los vecinos de Herrera del Duque, viene de lejos. Su origen se remonta a al 29 de abril de 2021, cuando el pleno aprobó el primer programa de actuación para desarrollar la zona situada junto a la iglesia parroquial. La parroquia -dependiente de la Archidiócesis de Toledo- recurrió al no estar de acuerdo ni con la reordenación prevista ni con la afectación al entorno de un edificio que goza de protección integral.

El juzgado desestimó este primer recurso de la parroquia, que ha estado defendida durante todo el procedimiento judicial por Juan Ramón Corvillo, del despacho cacereño Corvillo Abogados. Disconforme con el fallo, apeló y la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que, el 19 de mayo de 2023, revocó la sentencia y declaró la nulidad del programa de actuación aprobado por el consistorio 2 años antes. Entonces, el TSJEx estimó que el ayuntamiento había vulnerado el Plan General Municipal (PGM), haciendo un cambio de uso «no autorizado», al querer

transformar en plaza pública lo que el PGM contemplaba expresamente para la construcción de un centro parroquial y la vivienda del párroco.

Pese a esta sentencia del TSJEx, el Ayuntamiento de Herrera del Duque volvió a aprobar en pleno en 2024 un nuevo programa de ejecución para reordenar el entorno de la parroquia mediante la expropiación.

Cabe recurso

El alcalde, Saturnino Alcázar, anunció que la ocupación de los terrenos tendría lugar el pasado 16 de julio, pero no llegó a materializarse porque se aceptaron las medidas cautelarísimas solicitadas por la parroquia y se paralizó de forma provisional la expropiación. Ahora, el Juzgado Contencioso Admnistrativo de Mérida frena en seco el proceso para ocupar ese suelo y devuelve la actuación a su punto de partida.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).