La Audiencia Provincial de Badajoz "desunifica" a las acusaciones populares y permite que cada una actúe por separado en el juicio por la contratación de David Sánchez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado dejar sin efecto la unificación de las acusaciones populares personadas en una causa penal contra Miguel Ángel Gallardo, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otras nueve personas por la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz. De esta manera, la Audiencia autoriza a que cada una comparezca en el juicio con su propia representación y defensa. El tribunal adopta esta decisión tras estudiar los escritos presentados por varias de las organizaciones y partidos personados, que reclamaban que se revirtiera la dirección común acordada durante la fase de instrucción.

La resolución, firmada por el presidente de la Sección, José Antonio Patrocinio Polo, con ponencia del magistrado Emilio Francisco Serrano y la magistrada María Dolores Fernández Gallardo, estima la petición y declara procedente la "desunificación" de las acusaciones populares. Consideran que la medida buscaba ordenar el procedimiento y ya no resulta necesaria en este momento del proceso judicial.

Origen de la unificación

El origen del conflicto se remonta a la instrucción. Entonces, la magistrada-juez instructora, Beatriz Biedma, dictó un auto (de 8 de julio de 2024) en el que imponía una dirección y representación común a todas las acusaciones populares. Según recuerda la Audiencia en el auto al que ha tenido acceso este diario, aquella decisión se justificó en que no se apreciaba una "divergencia esencial" entre las posiciones de las acusaciones y para evitar dilaciones y problemas de gestión derivados de una multiplicidad de partes solicitando diligencias, formulando recursos o recibiendo notificaciones de forma paralela. En julio del 2024 se designó a Manos Limpias para asumir esa dirección común.

Ahora, sin embargo, la Audiencia entiende que el escenario ha cambiado. En su auto, se subraya que la fase de investigación y la fase intermedia ya han concluido y que el juicio oral se encuentra señalado. Con ese telón de fondo, razona que la unificación pierde su finalidad práctica: el debate sobre la admisión de prueba ya está encauzado y la pluralidad de representaciones no debería repercutir en el calendario del plenario ni en su desarrollo esencial.

La dirección única limitaría la tutela judicial

En ese punto, el tribunal pone el acento en que cuando el procedimiento llega al tramo del juicio, debe prevalecer que cada parte pueda sostener su estrategia y su acusación con autonomía, siempre dentro de los límites legales. La Sala concluye que, en este momento, mantener una dirección única limitaría innecesariamente la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, porque impediría que cada acusación popular plantee de forma diferenciada su enfoque en el plenario.

La resolución recuerda el marco legal que permite a los tribunales ordenar la intervención de las acusaciones cuando el número de partes pueda comprometer el "buen orden" del proceso y cita la regulación procesal aplicable y la doctrina constitucional sobre la necesidad de ponderar esa limitación. Aun así, remarca que esa herramienta debe aplicarse con proporcionalidad y con sentido finalista.

El auto notificado a las partes no es firme: contra él cabe recurso de súplica en el plazo de tres días. Mientras tanto, el efecto inmediato es claro: las acusaciones populares que habían quedado agrupadas durante la instrucción recuperan su capacidad de intervenir de manera separada en el juicio, con sus propios letrados y procuradores.