Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"

Visto para sentencia. Así quedó este miércoles el juicio contra tres acusados de introducir en Badajoz 42 kilos de cocaína camuflada en botes y bolsas de especias. Los procesados son un empresario de la ciudad, un comercial andaluz y la hija del dueño de la empresa de Colombia que envió la mercancía a España. La carga llegó a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid y el destino era una nave del polígono industrial El Nevero.

En la primera sesión del juicio en la Audiencia de Badajoz, los dos acusados aseguraron ante el tribunal que desconocían que la mercancía contenía droga y la mujer se acogió a su derecho a no declarar. Pero ayer, en el turno de última palabra, defendió su inocencia y aseguró que había sido «completamente engañada por su padre». También los otros dos procesados insistieron que habían sido víctimas del mismo engaño.

La fiscalía mantuvo su petición de 13 años y medio de cárcel para cada uno de ellos como autores de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y notoria importancia, cometido por una organización criminal que creó una empresa ‘ad hoc’ para camuflar bajo la apariencia de una operación comercial de importación una actividad delictiva.

También solicita el pago de una multa de 5,1 millones de euros.

El ministerio público sostuvo que tanto la custodia de la droga intervenida, como el muestreo y el análisis de las sustancias, que han impugnado las defensas, se realizó con plenas garantías y sin que se vulneraran los derechos fundamentales de los acusados.

Por el contrario, para los abogados de los procesados -José Duarte, Jenaro García y Julio Zambrano- insistieron en que sus clientes tenían un desconocimiento absoluto de que en las especias ocultaban cocaína y que la operación de compra-venta en la que participaron fue «ilegal» porque se descubrió la droga, pues los trámites y gestiones que ellos realizaron fueron «inmaculados».

Error invencible

En este sentido, Duarte planteó que habría que aplicar el «error invencible», es decir, que ni con el máximo cuidado por parte del acusado se habría podido evitar el delito, lo que lo eximiría de responsabilidad penal.

Todas las defensas coincidieron en que no se había demostrado que los procesados formaran parte de una estructura organizada y consideraron «desproporcionadas» las penas solicitadas por el ministerio público.