Nueve familias con menores que okupan un bloque en Suerte de Saavedra en Badajoz piden una solución a la Junta

Nueve familias compuestas por una treintena de personas, entre las que se encuentran unos 12 menores de edad, continúan residiendo en el antiguo bloque de viviendas que perteneció a la Guardia Civil en el barrio de Suerte de Saavedra. La comunidad, respaldada por las asociaciones Campamento Dignidad y 25 de Marzo, exige a las administraciones públicas la regularización de su situación habitacional mediante la concesión de un alquiler social adaptado a sus escasos recursos económicos.

Los vecinos aseguran que el gobierno regional les ha dado una última oportunidad para abandonar el bloque "por las buenas" y que el 1 de septiembre un responsable se personará para ver si han cumplido.

Inmueble abandonado y sin agua potable

El edificio, que pertenecía al Estado y después paso a la Junta, permaneció desocupado y en estado de degradación durante más de 14 años hasta que comenzó a ser habitado por estas familias a partir de 2017 como única vía ante la falta de alternativas en el mercado inmobiliario y su precaria situación económica. Aunque la totalidad de los residentes dispone de suministro eléctrico regularizado y abona sus correspondientes facturas, el acceso al agua potable sigue siendo una de las principales carencias del inmueble.

Ante la imposibilidad de dar de alta el servicio y tras el precintado de la acometida en la vía pública, durante el confinamiento por la pandemia se habilitó un grifo de emergencia en la acera. A partir de este punto, los vecinos han realizado canalizaciones provisionales. "Llevamos nueve años sin agua potable como cualquier persona normal. En mi caso, sigo calentando ollas de agua en la cocina para poder bañarnos mi hija y yo", explica Rocío Mejías, quien vive con su hija de cuatro años. "El agua sale marrón y sucia. No se puede beber, solo sirve para fregar y lavar los platos. Si no fuera por el apaño del grifo, seguiríamos yendo al parque con botellas vacías", añade.

A estas carencias se suman deficiencias estructurales como la falta de ascensor y la presencia de plagas en zonas comunes. Para Elena Domínguez, que comenzó a vivir en su piso en 2017 tras un desahucio con sus hijas, el mayor impacto es el desgaste psicológico. "Vives con el temor constante de que un día vengan a echarte con tus cosas a la calle. Yo ya pasé por eso y se pasa muy mal. Arrastro una depresión de la que me cuesta salir", ha manifestado.

FOTOGALERÍA | Vecinos del antiguo edificio de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra de Badajoz muestran el estado del inmueble

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Reivindicaciones vecinales

Las familias defienden la convivencia pacífica en el bloque y argumentan que su presencia ha evitado la ruina total del edificio. Sostienen que han intentado acceder a viviendas en el mercado libre, pero señalan que los precios actuales -entre los 600 y 800 euros mensuales- resultan inasumibles para hogares cuyos ingresos medios rondan los 700 u 800 euros.

"Entramos por necesidad, principalmente, porque no tenemos trabajo fijo ni nóminas para poder presentar en un alquiler. Nos ponen infinidad de impedimentos", detalla Mejías, recalcando la voluntad del vecindario de regularizar sus pagos y que no quieren "vivir de gratis. Pedimos un alquiler social que podamos pagar y agua potable a nuestro nombre con su cuota mensual". Además, señala que ellos han "rehabilitado estas viviendas; sino, este bloque seguiría cerrado con la necesidad que hay en tantas familias con menores".

Por su parte, Domínguez incide en que las alternativas que ofrece el mercado libre son irrealizables: "Si ganas 700 u 800 euros de media, hay que elegir entre comer o pagar un techo. Yo he pagado hasta 200 euros de luz. Pedimos un cálculo justo de lo que una familia humilde puede pagar". Sin embargo, critica que la Junta de Extremadura rechace sistemáticamente sus solicitudes de vivienda pública alegando su condición de okupas. "Nos piden que nos vayamos a la calle para poder pedir ayuda, pero llevamos años así y jamás nos han dado una solución", recriminan.

Presiones administrativas

Paco González, portavoz de la asociación Campamento Dignidad, critica la postura de la Junta y denuncia lo que considera una exigencia contradictoria, al instar a las familias a abandonar el inmueble antes de evaluar el caso. "Estas viviendas estaban abandonadas por el Gobierno central y gracias a que estas familias crearon un hogar dentro, el edificio sigue en pie", asegura.

El portavoz alerta además sobre presiones recientes a los residentes: "Responsables de la Junta han acudido a amenazar a las familias, diciéndoles que en agosto se tienen que ir a la calle, sin que exista siquiera una orden ni una denuncia judicial previa. Es una falta de respeto gravísima y más habiendo menores".

El colectivo apela al cumplimiento de la Constitución respecto al derecho a una vivienda digna y urge a las administraciones a intervenir el inmueble o a facilitar la reubicación de las nueve familias en el parque público de la vivienda. Por su parte, los vecinos sostienen que continuarán movilizándose y que no abandonarán el bloque sin la garantía previa de un techo adecuado para sus hijos.

"No se ha adoptado ninguna decisión"

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha señalado que en la actualidad no existe ningún procedimiento de desalojo promovido por ellos respecto de las viviendas referidas. Tampoco "se ha adoptado decisión alguna sobre las actuaciones que, en su caso, pudieran resultar procedentes", han señalado fuentes de la Junta a Europa Press ante la posibilidad de un desalojo inminente.

Al mismo tiempo, ha explicado que las actuaciones desarrolladas por la Junta se enmarcan en el ámbito de la gestión y rehabilitación del conjunto residencial de 90 viviendas, procedente de una cesión formalizada entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado y el Ejecutivo regional.

Este conjunto residencial está siendo objeto de un programa de rehabilitación, gracias al cual ya se han rehabilitado 40 viviendas y está prevista la intervención en otras 40, ha detallado, para remarcar que, con el fin de garantizar la "efectiva" rehabilitación de dichas viviendas, se ha revisado la situación de un bloque de 10 viviendas, pertenecientes a dicho conjunto residencial y que se encuentran ocupadas desde hace años.

En cuanto a las manifestaciones que hacen referencia a supuestas presiones para el abandono de las viviendas, "no consta actuación alguna de la Junta de Extremadura con esa finalidad". "Los contactos mantenidos han respondido exclusivamente a la necesidad de conocer la realidad del inmueble, identificar a las personas residentes", ha precisado, "y recabar la información esencial requerida para la adecuada gestión del patrimonio público y la planificación de las actuaciones de rehabilitación previstas".

Fuente: La Crónica de Badajoz