La Sociedad Protectora de Animales dejará de gestionar la perrera municipal después de 12 años. El relevo lo toma la Facultad de Veterinaria, al menos en lo que afecta a la atención y al cuidado de los animales. Aunque todavía quedan interrogantes por cerrar que ayer no despejó la concejala de Medio Ambiente, María Teresa González, quien comentó que el acuerdo que se va a firmar con la universidad no está aún cerrado en todos sus términos. El decano de la Facultad de Veterinaria, Julio Tovar, fue más explícito al precisar que en el convenio se debe concretar cuestiones que están abiertas como quién se encargará de la recogida de los animales o de las adopciones, tareas que hasta ahora ha venido realizando la sociedad protectora.
Del futuro de la perrera municipal se habló ayer por la mañana en el pleno del ayuntamiento a raíz de las mociones presentadas por PSOE e IU. El debate se producía solo unos días después de que la sociedad protectora denunciase el actual convenio, que vencerá el día 31. Su presidenta, Juana García, explicó que pasaban los días, no recibían ninguna noticia por parte del ayuntamiento y "no nos podemos quedar en unas instalaciones que no son nuestras". García aseguró que se había enterado ayer por los medios de información de la pretensión del gobierno municipal de firmar un acuerdo con la facultad. "No me parece lógico", manifestó la presidenta.
Fue el portavoz del gobierno, Valentín Pacheco, quien durante el pleno anunció que hay un borrador de convenio con la universidad para la perrera municipal. Pacheco contestaba a las intervenciones de las concejalas Marcelina Elviro, del PSOE, y Margarita González, que es la portavoz del grupo de IU.
Elviro propuso en su intervención que el ayuntamiento se sentase con la protectora, con la facultad y con el Colegio de Veterinarios para la firma de un acuerdo que implicase a los cuatro. Al mismo tiempo planteaba que se hiciese un nuevo edificio para la perrera en otra parcela, debido a que el actual está edificado sobre suelo docente y no reúne las condiciones urbanísticas necesarias. La Junta ha sancionado al ayuntamiento con 3.000 euros por carecer de la autorización administrativa al estar en suelo docente.
González-Jubete puso sobre la mesa que el consistorio aún debe más de 50.000 euros a la Sociedad Protectora de Animales y que en los últimos meses se ha mantenido gracias a las aportaciones de los socios. La portavoz de IU también mostró su preocupación por el futuro de los trabajadores que están en la perrera (uno a jornada completa y cuatro trabajan a media jornada).
El portavoz del gobierno recordó que es la sociedad protectora la que ha resuelto el convenio y reprochó al anterior ejecutivo local que subiese de 48.000 a 96.000 euros la aportación del ayuntamiento al convenio con la protectora. "Todo se intentaba a base de dinero y nos vemos como nos vemos", manifestó.
A continuación anunció que ya se cuenta con un borrador de convenio para firmarlo próximamente con la universidad y que la aportación económica se reduce de 96.000 a 50.000 euros. El portavoz también adelantó que se ha iniciado la tramitación para modificar el plan de urbanismo con la pretensión de que el suelo que ocupa la perrera tenga la calificación necesaria para albergar un núcleo zoológico.
RESPUESTA
Elviró insistió en que la solución pasa por el cambio de sitio. González-Jubete aseguró que le preocupa que la sociedad quede fuera de la perrera y confió en que la facultad "sea sensible y sensata con el destino que se da a los animales", dado que hasta ahora la protectora ha evitado los sacrificios y ha trabajado en la adopción.
La concejala de Medio Ambiente no entró en el detalle del acuerdo, solo habló de los objetivos del convenio, los mismos del actual (recogida, traslado, mantenimiento...), y apuntó que este acuerdo se tiene aún que ratificar en el consejo de gobierno de la universidad, que se celebra el próximo día 21. Pacheco sí ofreció algún detalle más al recordar que si no se ha pagado aún a la protectora ha sido por "el problema de liquidez" que afecta al ayuntamiento, asegurar que se abonará la deuda a la sociedad y apuntar que se pretende que la protectora siga teniendo cabida en la gestión de la perrera.
