Desde enero de 2013, todos los propietarios de viviendas que deseen venderlas o arrendarlas tendrán que contar con el Certificado de Eficiencia Energética. Este documento analiza las características de cada inmueble (si utilizan renovables, calefacción, iluminación, calidad constructiva, aislamiento...) y dependiendo de su grado de consumo y emisiones de CO2, le otorga una etiqueta de la 'A' a la 'G'. Los primeros son modélicos, pero a medida que bajan hacia la 'G' los hogares denotan mayor gasto energético y por tanto más contaminación. En Cáceres, la inmensa mayoría de las viviendas (más del 90%) se encuentran en las últimas clasificaciones por la desatención a este aspecto. Incluso los inmuebles más nuevos suelen tener la 'E', y ello pese a que incorporan obligatoriamente placas fotovoltaicas

"Hasta ahora, al comprar una vivienda nos fijábamos en el parquet o el hidromasaje. En adelante seguro que prestaremos más atención al certificado energético, que será muy revelador sobre cuánto nos tendremos que gastar cada mes por vivir en esa casa", explica Manuel Martín, administrador de fincas especialista en este tema. Las edificaciones existentes en España tienen en general notables deficiencias (mal aislamiento en fachadas o cubiertas), que elevan el gasto de energía y por tanto dañan al medioambiente y al bolsillo. De hecho, los edificios consumen el 40% de la energía generada y son el tercer factor más contaminante del país. De los 25 millones de pisos, la mitad tienen más de 30 años, una quinta parte más de 50, y los nuevos tampoco son el mejor ejemplo.

Europa está a años luz: mejores viviendas que exigen menos gasto energético y producen menor daño ambiental. Por ello se ha obligado a España a adaptarse a la Directiva 2002/91/CE, que desde hace una década exige el certificado energético con información objetiva de las casas. Así, el comprador o arrendatario hace sus valoraciones, y en general se favorece la promoción de edificios con buena eficiencia.

SANCION Manuel Martín recuerda que España ya ha sido sancionada por no desarrollar dicha normativa, ya lista en forma de Real Decreto (falta su inclusión en el BOE). Desde 2007, el certificado es exigible a nuevos edificios y en ciertas reformas (de ahí la incorporación de renovables), pero en 2013 se extiende ya a todos los inmuebles. Solo así España podrá cumplir con la llamada triple directiva en el año 2020: un 20% menos de consumo energético, un 20% más de uso de renovables, y un 20% menos de contaminación.

Además, el primer beneficiado es el inquilino de la casa, ya que una mayor calificación energética significa un ahorro de agua, luz y otras energías (un nivel 'C' sería muy adecuado). Por ello, en países como Alemania el Gobierno sabe que por cada euro que destine a certificación energética recuperará cinco (se hacen reformas, se crea empleo, se cotiza, se pagan impuestos...). En España acaba de concluir el plan de subvenciones 2009-2012 sin continuidad de momento.

"Las comunidades de vecinos deben concienciarse de que una rehabilitación energética es una inversión. Pero sin subvenciones ni financiación, no dan el paso", lamenta Manuel Martín. En realidad, la mayoría de los inmuebles necesitan mejorar su eficiencia: aislamiento, calderas, iluminación racional, motores de bajo consumo en ascensores... En Europa, las rehabilitaciones suponen el 41% del sector de la Construcción, y en España el 26%. Curioso, porque las reformas crearían empleo en plena crisis, pero se precisa el acicate de las ayudas.