El sacerdote-párroco de Casares de Hurdes, que fue detenido hace casi dos años en una operación policial contra la pornografía infantil por internet, ha resultado condenado. Al cura cacereño I.L.O., de 31 años y natural de Valverde del Fresno, se le ha considerado culpable de un delito de corrupción de menores, por lo que se le condena a 16 meses de prisión, --al ser ésta de menos de dos años y no tener antecedentes penales, no tendrá que cumplirla--.
En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid a la que ha tenido acceso EL PERIODICO, se condena también, por el mismo delito y con las mismas penas, a O. G. G., de 29 años y natural de Madrid; A. G. de B., gaditano de 53 años; y a D.J.D., de 34 años y natural de Barcelona.
Todos ellos, además de cuatro argentinos y un mejicano, éste último menor de edad, fueron detenidos en febrero del 2002 en la denominada Operación Asterisco , que fue desarrollada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Madrid, y que permitió desarticular una importante red internacional de intercambio de pornografía infantil a través de la red.
Esta causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, y tras la práctica de las oportunas diligencias de investigación, el juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal 26 de Madrid el día 12 del pasado mes de diciembre, casi dos años después de practicarse las detenciones.
El Ministerio Fiscal y también la acusación particular, ejercida por la Junta de Extremadura, calificaron los hechos como constitutivos de un delito de corrupción de menores y solicitaron para cada uno de los cuatro acusados 16 meses de prisión.
Tanto el sacerdote cacereño, como los otros tres imputados, se confesaron en el juicio autores de los hechos y se conformaron con la pena solicitada, por lo que la sentencia es firme. "La presente resolución es firme al haber expresado todas las partes su decisión de no recurrir", concluye el fallo judicial.
HECHOS PROBADOS En la sentencia se declaran como hechos probados que durante el año 2001 "los acusados vinieron dedicándose a remitir o intercambiar telemáticamente imágenes, tanto fotográficas como videográficas, de explícito contenido sexual y en las que algunos de los sujetos que intervenían en la escena eran menores de edad".
En el caso concreto del sacerdote cacereño, se indica en la sentencia, éste reconoció en la vista que desde su domicilio, utilizando diversas direcciones electrónicas, mantuvo entre agosto del 2001 y el 27 de enero del 2002 numerosos contactos, así como que en numerosas ocasiones facilitó distintas direcciones electrónicas donde encontrar imágenes de sexo con menores.
Además, se concluye, "todos los acusados guardaban en los discos duros de sus ordenadores gran cantidad de este tipo de imágenes, en orden de varios miles de fotografías y al menos decenas de vídeos, tanto para su uso personal como para poder conseguir nuevas imágenes, de posibles nuevos contactos, ofreciéndolas en intercambio".
