Familiares de los represaliados piden un uso social para la antigua cárcel de Cáceres

Pedro Piedras Monroy llevaba años buscando los restos mortales de su abuelo paterno, Pedro Piedras Galán. En abril de 2010 los halló por fin en esta ciudad con la ayuda de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), y desde entonces no falta al homenaje que se celebra cada año. «Venimos de Valladolid pero me gusta hacerlo por mi padre, que no conoció al suyo», confesó ayer durante el acto. Muy cerca de él, una mujer de mediana edad se emocionaba al relatar la muerte de su abuelo, Mateo Duque, fusilado en Aldea Moret. «Mi madre tenía 16 años, era la segunda de cinco hijos. Mi abuela se quedó sola», rememoró con tristeza.

Son sólo dos historias de las muchas que ayer atenazaron las gargantas y empañaron los ojos en la V Jornada Homenaje de Amececa en el cementerio de Cáceres, donde un memorial recoge 675 nombres de fusilados y represaliados de Cáceres y provincia. Los actos comenzaron con una marcha desde la antigua Cárcel Provincial (Héroes de Baler), en la que se realizó una concentración para hacer un llamamiento a la ciudadanía de Cáceres, a sus asociaciones y a sus instituciones, a fin de recuperar este edificio, tan simbólico para quienes perdieron la vida en él o desde allí partieron a su muerte.

Amececa plantea la necesidad de dar un uso a la vieja cárcel, de 12.000 metros cuadrados, que comenzó a construirse el 26 de febrero de 1934 sobre terrenos comprados por el ayuntamiento en el camino viejo de Monroy. La asociación propone «su reconversión en un centro cultural, deportivo, de memoria, social y solidario, abierto a la ciudadanía», detalló ayer Pepe Hinojosa, vicepresidente del colectivo. De hecho, se anunció la creación de una plataforma y una campaña de concienciación sobre este objetivo.

Posteriormente, los asistentes (alrededor de 250) iniciaron una marcha hasta el cementerio, donde se leyeron poemas, se entonaron piezas musicales y no faltaron emotivos discursos junto al monumento memorial. El homenaje más cálido fue ayer para Blanca Vila Brú, primera presidenta de Amececa. Se sumaron a la cita representantes de instituciones como la Asamblea de Extremadura, la Diputación de Cáceres y varios ayuntamientos.

Los responsables del colectivo informaron sobre los trabajos realizados y las acciones que están llevando a cabo, entre ellas la participación en la comisión creada por la Junta de Extremadura para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Memoria de Extremadura; la campaña por la gratuidad a familiares de las copias de los procedimientos judiciales incoados por la justicia militar en la guerra civil y la etapa franquista; la campaña para el traslado de los expedientes carcelarios conservados en el Centro Penitenciario de Cáceres al Archivo Histórico Provincial; solicitar placas en la Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres con los nombres de los empleados represaliados; pedir a la institución provincial un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura para cumplir las normas de fomento de la investigación histórica; e insistir al ayuntamiento sobre la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad y de su callejero. En este sentido, valoran la creación de un grupo de trabajo en el consistorio.

También se ha pedido a la Diócesis que se elimine de la concatedral la inscripción que dice ‘José Antonio’. Amececa recibió una respuesta en la que se indicaba que “se cumplía con la legalidad vigente, que no obliga a las entidades privadas a retirar estos símbolos”, según el propio Obispado, que ha mostrado su “disposición para colaborar con las entidades públicas en lo que se disponga”. Amececa ha pedido a la Junta la retirada de todas las ayudas económicas al Obispado.