El ayuntamiento había contabilizado ayer unas 1.800 solicitudes para las 83 plazas del plan de empleo social que se han sacado para el primer semestre de 2018. En cada instancia un demandante que reúna las condiciones puede presentarse a más de uno de los cuatro trabajos que se ofrecen: auxiliar administrativo (9 plazas), ordenanza (36), limpiador (10) y operario de servicios múltiples (28). Los contratos, que son de seis meses, tienen que estar firmados a fecha de 31 de diciembre.
El dato de las 1.800 solicitudes es la cifra provisional que se tenía cinco minutos después de que finalizase el plazo para entregar las instancias, por lo que se espera que el número final sea mayor una vez contabilizadas todas. Es de las cinco convocatorias del plan de empleo social ya realizadas la que ha tenido mayor demanda, también es en la que se han sacado más plazas, son un total de 83. En las cuatro anteriores se llegó a un máximo de 32.
El paso siguiente es la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, una relación que podría estar la próxima semana. En el anuncio con las bases de la convocatoria se especifica que la resolución con la lista se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento, «dándose un plazo de dos días para subsanar las deficiencias», según se precisa en las bases, en las que se añade que de manera complementaria «se procederá a su publicación en la página web municipal, marcando la validez de los plazos la del tablón de anuncios».
TODAS LAS PLAZAS / La anualidad de 2018 será la primera en la que se sacarán todas las plazas posibles del plan de empleo social. Son 165 (83 en el primer semestre de 2018 y 82 en el segundo). En las dos anteriores, la de 2016 y 2017, se quedó en el 40%. El gobierno local (PP) saca todas en la convocatoria de 2018 porque por primera vez se pueden hacer contrataciones a tiempo parcial, con un mínimo del 70% de la jornada laboral, que era una de las peticiones que el gobierno de Elena Nevado había realizado a la Junta, que es la que regula las condiciones del plan de empleo.
El gobierno local ha sido contrario desde su primera convocatoria a este plan porque hace recaer en los ayuntamientos parte de la financiación, aportación que es mayor en los grandes consistorios porque por sus convenios colectivos las percepciones salariales son superiores. El plan se financia con fondos de la Junta y de las diputaciones. El máximo que se paga con el plan por contrato es 6.000 euros, mientras que el resto lo tiene que poner el ayuntamiento. Con contrataciones parciales el importe por plaza que tiene que financiar el consistorio es menor.
Atendiendo a la demanda del ayuntamiento, la Junta introdujo la posibilidad de contrataciones parciales en 2018, aunque con la condición de que el consistorio que se acogiese a esta opción debía hacer el máximo de contratos posibles, que en Cáceres son 165.
Otra de las críticas al plan planteadas desde el gobierno local en convocatorias anteriores se apoyaba, según detalló el edil de Personal, Domingo Expósito, en que los únicos desempleados que cobran una prestación que pueden optar a las plazas son los que perciben la renta básica y que con ello lo que se está haciendo desde la Junta es favorecer su contratación, ahorrándose su aportación a la renta y utilizando fondos de los ayuntamientos en las contrataciones del plan de empleo.
A FAVOR Y EN CONTRA / Más rotundo en su oposición al plan es el grupo municipal de Ciudadanos. Su portavoz, Cayetano Polo, aseguró en el pleno que la corporación celebró el lunes que es «lo que menos me gusta» del presupuesto del ayuntamiento para 2018, ejercicio en el que se reserva una partida de 347.000 euros para cofinanciarlo. «Es una manera absurda de gastar el dinero en un plan que no genera nada, solo continuismo y más pobreza económica y social», añadió Polo, que recordó que su partido defiende otras políticas de empleo.
Como el compromiso de acudir a la plazas del plan se cerró antes de que concluyesen las negociaciones entre PP y Cs para la aprobación de los presupuestos, Ciudadano planteó entre sus condiciones para apoyar las cuentas locales de 2018 que en la convocatoria de junio «se haga más hincapié en puestos que requieran de una mayor cualificación», apuntó Polo, citando plazas como las de informático, aparejador o ingeniero. Esto podría obligar al gobierno local a introducir una modificación en su previsión inicial de gasto en el plan, ya que estas plazas requerirán de una mayor cofinanciación municipal.
En ese mismo pleno, en el que se debatía la aprobación del presupuesto, el portavoz socialista, Luis Salaya, llegó a ofrecer al gobierno el apoyo de su grupo si se rechazada la condición de Cs y se mantenía la oferta del plan para el segundo semestre «dentro de las características que debe tener (...). no tiren el plan por tierra y mantenga su filosofía». En el pleno se aprobó el presupuesto con los requisitos acordadas entre PP y CS. En convocatorias anteriores, en las que se sacaron plazas de mayor cualificación, el grupo socialista abogó por una oferta con puestos que necesitasen de una menor cualificación para llegar a más demandantes.
El más crítico con el gobierno local por la convocatoria de plazas de 2018 ha sido CACeresTú. Su portavoz, Consuelo López, aseguró en el pleno que Cáceres «es el único municipio que se acoge a las contrataciones a tiempo parcial». El pasado jueves ya expusieron sus críticas tanto a las bases, «son poco claras», a los plazos, «son una carrera de obstáculo para los parados ya que se limitan al mínimo de cinco días hábiles», y a que las contrataciones no sean a jornada completa porque dará lugar a salarios y a prestaciones posteriores «escasas», «de miseria», afirmó López en el pleno.
