El pulso que están echando el ayuntamiento y la empresa de la mina por los sondeos que se hacen en las inmediaciones de las antiguas edificaciones de Valdeflores son fuegos de artificio. Vuelvan o no a realizarse las tareas de investigación, el expediente de la mina se está decidiendo en el trámite en la Junta de la concesión de la explotación minera solicitada por Tecnología Extremeña del Litio y en la autorización ambiental unificada y sobre todo en el movimiento que haga la empresa una vez que la autorización ambiental sea negativa, ya que los informes del ayuntamiento, preceptivos y vinculantes, no serán favorables. El plazo de dos años al que se refirió el consejero de Economía, José Luis Navarro, hace tres semanas puede que se quede corto.
De momento no hay ninguna mina (salvo los subterráneos y pozos de la antigua explotación de Valdeflores). Lo único que se ha hecho sobre el terreno son sondeos, en dos campaña en 2017 y en una en 2018, tareas de investigación para confirmar los resultados que obtuvo Tolsa en sus muestreos de hace dos décadas. De la investigación de Tolsa y del actual potencial del carbonato de litio nace el interés de Sacyr, al que se une una empresa australiana (Plymoth Minerals) que será el principal socio si al final, como ha anunciado, se hace con el 75% de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), empresa que está participada por ambas y cuyo capital social, inicialmente de 3.000 euros, se ha elevado a 2,5 millones de euros, según afirmó Marco Sosa, directivo de Sacyr y TEL, hace una semana.
DENUNCIA Y TRAMITACIÓN /Lo que pase en Cáceres y Mérida es importante para el futuro de este proyecto, pero igual de decisivo son los anuncios que cada cierto tiempo hace a través de su web Plymouth Minerals, en la que da información.
A raíz de las denuncias de vecinos de la zona, a las que luego se sumaron la de la plataforma Salvemos la Montaña y las de colectivos de defensa del medio ambiente como Adenex, el ayuntamiento inició un expediente cuyo resultado, a la vista de las inspecciones de los agentes de la brigada verde de la policía y del informe del servicio de Urbanismo, fue la decisión que se adoptó el pasado viernes de suspensión cautelar de los sondeos hasta que se resuelva el procedimiento sancionador abierto por al ayuntamiento a la empresa.
Hay varias causas del procedimiento, pero se pueden sustanciar en dos. La primera es que la empresa se extralimitó y para que los sondeos se pudieran realizar acometió trabajos no amparados por las dos licencias de obra menor para sondeos que concedió el ayuntamiento. La segunda es que los trabajos no han sido unos simples sondeos, sino que vinculados a los mismos se han hecho otras labores y además por el enclave donde se han realizado, en un paraje, la sierra de la Mosca, que protege el ordenamiento urbanístico de la ciudad, se habrían necesitado informes preceptivos.
La empresa confirmó ayer lo esperado: alegará, tiene quince días para hacerlo, para volver a realizar sondeos, trabajos de investigación que no habían concluido cuando el pasado sábado se paralizaron. Además contestó en un comunicado a la mayoría de las causas que motivan la apertura del proceso sancionador. El principal argumento fue que cuenta con informes y autorizaciones de direcciones generales de la Junta (Minas, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural) en las que se fundamentan las licencias de obra concedidas por el ayuntamiento para la ejecución de sondeos.
Sobre la apertura de nuevos caminos, una de las cuestiones más conflictivas dado que el plan de urbanismo de Cáceres lo prohíbe, la empresa aseguró ayer que no ha abierto ninguno y que ha utilizado las pistas y caminos que en su día llevó a cabo Tolsa. En cuanto a otros aspectos, como los lodos motivados por las perforaciones que se han hecho, desde TEL se afirmó ayer que «un laboratorio acreditado ha llevado a cabo su caracterización» en base a lo dispuesto en la legislación sobre la gestión de residuos de actividades extractivas. En las perforaciones que se han hecho en la campaña de 2018, que ha durado mes y medio hasta la paralización del sábado, se ha llegado a los 300 metros de profundidad.
La empresa tiene 15 días, desde la recepción el lunes de la providencia de incoación, para alegar. El ayuntamiento tendrá que informar sobre las alegaciones antes de decidir si archiva el expediente o si impone una sanción y medidas correctoras para la restitución del orden urbanístico. La sanción va desde los 600 euros, para la infracciones leves, a más de 150.000, para las muy graves.
