El Juzgado de lo Penal Número 2 decretó ayer el ingreso en prisión de los hosteleros, que tienen tres días para recurrir. A primera hora de la mañana recibieron la notificación de la incoación de la sentencia que ordena el ingreso en la cárcel de los trece condenados (once hosteleros y la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado), aunque en realidad no supondrá la entrada efectiva en prisión, al menos por el momento.
Los letrados tienen ahora hasta el próximo 28 de diciembre (el plazo de los tres días comienza a contar el 26 de diciembre porque del 22 al 25 son inhábiles) para solicitar al juzgado que suspenda el ingreso en prisión hasta que el Gobierno resuelva los indultos. Si el 28 de diciembre el juzgado no hubiera recibido los escritos, ordenaría directamente la entrada en la cárcel de los condenados, al sobreentender que no se opone a la condena.
La notificación ha llegado en fechas muy señaladas, dos días antes de Nochebuena. Los abogados redactan los documentos a contrarreloj, quieren presentar los escritos y el indulto antes de que venza ese plazo para no tener problemas. La mayoría presentará el miércoles 26 de diciembre los indultos en la Subdelegación del Gobierno (deben entregarse en la delegación del Ministerio de Justicia). Después presentarán el escrito con la solicitud de la suspensión de la condena en el Juzgado de lo Penal Número 2.
En los indultos adjuntarán tanto las 12.327 firmas que ha recogido la plataforma ‘Yo también hice ruido en La Madrila’ a favor de la libertad de los hosteleros, así como la moción aprobada el pasado jueves en el ayuntamiento de apoyo a dicho indulto. Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, C’s y Podemos).
EL AYUNTAMIENTO / Precisamente ayer el portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento, Rafael Mateos, afirmó que el consistorio está de acuerdo con que se conceda «el indulto parcial que tenga como finalidad el ingreso en prisión de los condenados por el caso del ruido». Aunque añadió que «respetamos la sentencia y somos conscientes de los daños que se ocasionaron a las víctimas», «pero entendemos -añadió- que el ingreso en prisión es una medida excesiva; visto además que han abonado las indemnizaciones».
El juzgado dará entonces traslado de todos estos escritos tanto al Ministerio Público como al abogado de la acusación particular, que representa a los vecinos afectados por los ruidos. Ambas partes deberán estudiarlos y pronunciarse sobre si aceptan o son contrarios a que se suspenda la condena. El fiscal afirma que para tomar esta decisión estudiará cada caso en particular. De esta manera tendrá en cuenta las condiciones personales y profesionales de cada uno de los condenados. Así, analizará, por ejemplo, si existe la posibilidad de que vuelva a cometer el delito de contaminación ambiental por el que ha sido condenado.
Los vecinos no se han pronunciado de manera expresa con respecto a cuál será su postura, porque no existe unanimidad entre los afectados. La mayoría no quiere que entren en la cárcel pero sí que abonen la responsabilidad civil (indemnizaciones) para resarcir el daño causado.
Los hosteleros ya han pagado estas indemnizaciones a los catorce vecinos afectados por los ruidos, que ascienden en total a casi 100.000 euros. Solo falta uno por hacer frente a esta responsabilidad civil, que no la ha abonado aún al declararse insolvente. En la notificación se requiere expresamente a este acusado que pague la parte que le corresponde a los afectados.
HERAS Y JURADO / La orden de ingreso en prisión también afecta a la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal Carlos Jurado, condenados a un año y nueve meses de prisión cada uno por un delito continuado de prevaricación medioambiental. En este caso, al ser la condena inferior a dos años de prisión, solicitarán directamente que se suspenda la pena de cárcel. Ellos no pedirán el indulto de la condena.
El juez ordena asimismo en la notificación de ayer que hagan frente a las multas impuestas. Para ello algunos de los hosteleros van a solicitar también que ese abono pueda efectuarse de forma fraccionada. Maquiavelo, Down, Sugar y La Belle deben abonar 4.200 euros; Submarino, La Cuerda, Barroco y Latino’s, 3.000 euros y los dos propietarios de Tacones, 2.400 euros cada uno.
Ya se está ejecutando parte del fallo. Desde la semana pasada tanto los once hosteleros como los dos políticos cumplen la condena de inhabilitación. En el caso de los empresarios esta inhabilitación es de un año y nueve meses (Maquiavelo, Down y Sugar), un año y seis meses (La Belle, Submarino, Barroco, La Cuerda y Latino’s) y de un año (Tacones). Durante ese tiempo no podrán gestionar cafeterías, pubs, bares, discotecas, salas de fiesta u otro tipo de establecimientos que cuenten con equipo de reproducción sonora. Heras y Jurado han sido inhabilitados a ocho años y medio para cargo público.
