La Fiscalía acepta que los hosteleros condenados no ingresen en prisión mientras se resuelven los indultos que han presentado al Gobierno central. El Ministerio Público remitió ayer un escrito al Juzgado de lo Penal Número 2, que lleva el caso, en el que se mostraba partidario de que por el momento no se ordene la ejecución de la pena de cárcel para los once hosteleros condenados.
En la misma línea se ha posicionado también la acusación particular, que representa a la Asociación Cacereños contra el Ruido, colectivo que interpuso la querella contra los gerentes de los establecimientos y contra la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado (denuncia que terminó en este proceso judicial). Esta parte ya dijo que no se oponía a que se suspendiera la pena de prisión siempre y cuando los condenados hubieran satisfecho las indemnizaciones, las multas y las costas.
Los hosteleros ya han abonado la responsabilidad civil requerida (salvo uno que ha alegado carecer de fondos para ello) y algunos han hecho frente a las multas (otros han solicitado el pago aplazado en seis meses). En cambio, lo que todavía no se ha abonado han sido las costas del juicio porque, entre otras cosas, aún no se han cuantificado ni se ha aclarado cómo deberán abonarse (no se sabe si tienen que pagarlas entre todos o están exentos de ello los que solicitaron justicia gratuita). Según los primeros cálculos el coste del proceso podría ascender a los 30.000 euros.
LOS POLÍTICOS / Ambas partes, tanto la Fiscalía como la acusación particular, tampoco se oponen a que se suspenda la pena de prisión para Carmen Heras y Carlos Jurado (fueron condenados a un año y nueve meses de cárcel y solicitaron que dicha pena se suspendiera al ser inferior a dos años de prisión).
El Ministerio Público era la última parte que faltaba por pronunciarse en este asunto. Será ahora la juez titular del Juzgado de lo Penal Número 2 la que decida si decreta el ingreso en prisión de los trece condenados (los once hosteleros y los dos políticos), si ordena el ingreso en la cárcel solo para algunos o si los deja en libertad. En caso de que ordenara su ingreso en prisión los hosteleros recurrirán dicha decisión a la Audiencia Provincial.
El juzgado ha solicitado además que se investigue a Pasadena Copas por el caso de los ruidos, después de que una vecina declarara en el juicio que le afectaba este establecimiento. Y que se inicie un proceso contra el presidente de la Asociación Cacereños contra el Ruido, Fernando Figueroa, por un presunto delito de falso testimonio en el juicio.
