Por el momento tampoco ingresarán en prisión los once hosteleros condenados por el caso de los ruidos de la Madrila, en su caso acusados por un delito continuado de contaminación acústica. El Juzgado de lo Penal Número 2 ha decidido no ordenar la ejecución de pena privativa de libertad hasta que el Gobierno resuelva los indultos que han presentado. Todos han sido condenados a penas superiores a los dos años de cárcel por lo que, de no resolverse los indultos a su favor, deberán ingresar en prisión.

Por el momento el juzgado ha notificado la suspensión de la condena a los responsables de Barroco, Down, Submarino, Latino’s, Maquiavelo y Tacones. Falta por notificar dicha decisión a los de Sugar, La Cuerda, La Belle y a otro de los gestores de Maquiavelo (son dos hermanos y solo le ha llegado la resolución a uno) y de Tacones. Se espera que la decisión vaya en la misma línea y que el juzgado acceda también a suspender la pena privativa de libertad a estos cinco. Entre otras cosas porque todos se encuentran en la misma situación, salvo dos que cuentan con antecedentes penales y uno que no ha pagado las indemnizaciones acordadas en sentencia, alegando que no tiene fondos para ello. En cualquier caso a este último, uno de los responsables de Tacones y sobre el que el juzgado aún no se ha pronunciado, se le embargarán sus bienes para que repare el daño causado.

Los hosteleros están, eso sí, inhabilitados para el ejercicio de cualquier oficio relacionado con la hostelería. De los once, dos no podrán dedicarse a esta profesión durante un año y nueve meses; seis, un año y medio y dos, un año.

Los indultos fueron presentados el pasado mes de diciembre y tardan de media entre ocho meses y un año y medio, con un máximo de cinco años. Aunque se espera que con la convocatoria de elecciones generales la resolución se retrase.