Ocurrió en la Navidad del año 2015, a pesar de que aún no se ha juzgado. Entonces un cacereño denunció a Vox por presunta estafa por haber vendido participaciones de un décimo que el partido nunca compró (costaban 5 euros: 4 para el sorteo y 1 euro para el partido). En Cáceres recaudaron 1.000 euros con la venta del número 93.815, aunque las papeletas fueron adquiridas también en Valencia, León, Toledo y Ávila, entre otras provincias.

Según indica el denunciante, Diego López Ordóñez, la dirección nacional del partido envió un correo a las delegaciones provinciales, cuando ya se estaba celebrando el sorteo del 22 de diciembre, para advertirles de que finalmente la administración de lotería no había podido venderles ese número y que lo cambiaban por otro. El problema fue que el primer número resultó agraciado con una pedrea (10.000 euros a la serie), dinero que los que adquirieron las participaciones nunca cobraron.

«Creemos que lo hicieron para recaudar fondos», asegura este cacereño. En total, con la venta de las participaciones en distintas partes de España, la formación consiguió 18.100 euros.

Tras lo ocurrido la gestora provincial de Cáceres solicitó al partido que, con cargo a sus fondos, pagara lo correspondiente al premio a las personas que habían adquirido boletos y después demandara al lotero por no venderles el número que habían acordado. Al parecer se lo había entregado a un tercero. Vox nunca contestó.

Ante esta situación Diego López denunció al partido por presunta estafa, para que se les reclame, además de los 18.100 euros, la suma de 90.500 euros en concepto de lucro cesante y que corresponde a la cantidad que deberían haber recibido los agraciados.

Denunció primero lo ocurrido a la Audiencia Nacional, que lo remitió al TSJEx, que decidió archivarlo. Ante esto presentó la denuncia en un juzgado de Madrid, que resolvió que no era de su competencia.

Así las cosas decidió presentarla en el Juzgado Número 3 de Cáceres, que abrió diligencias penales «entendiendo que pudiera tratarse de un delito de estafa». En cambio lo remitió a Madrid, al haber varias provincias afectadas. Ahora el Tribunal Supremo ha resuelto que debe ser la capital de España la que investigue el caso.