El Consorcio Cáceres 2016, que se creó para impulsar la capitalidad cultural de la ciudad, se podrá liquidar «en unos meses» tras la providencia dictada por el Tribunal Supremo en la que rechaza el recurso de casación interpuesto por el ex secretario general del ayuntamiento, Manuel Aunión, sobre el cobro de horas extras por trabajos realizados en el marco de este órgano. Reclamaba 15.200 euros correspondientes a los años 2014 y 2015. El asunto llegó hasta el Supremo, que ahora condena a costas al demandante. El portavoz del ayuntamiento, Andrés Licerán señaló ayer que se trata del «paso previo» para proceder a la disolución definitiva de este consorcio que formaban instituciones como el ayuntamiento, la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales o la Universidad de Extremadura, entre otras. El proceso de liquidación se inició en 2010 y todavía no ha concluido. De hecho, en octubre de 2017, la Junta de Extremadura procedió a abonar su parte correspondiente para la liquidación definitiva, tras el recurso presentado por la empresa Mecsa, que realizó un proyecto a través del consorcio. Cuando todas las entidades abonen el porcentaje de lo que les corresponde se deberá proceder a la convocatoria del Consejo de Dirección por parte del alcalde de Cáceres para llevar a cabo la liquidación definitiva del órgano. La Comisión Liquiladora se creó el 12 de julio de 2016 y en ella se establecieron los porcentajes de liquidación de éste, y todas las entidades llevaron a cabo entonces las aportaciones correspondientes a la deuda con la empresa Placonsa, por el proyecto de las obras de reordenación de la plaza Mayor, incluida la aportación del ayuntamiento que realizó la Junta de Extremadura mediante la compensación de parte de una deuda relativa al IBI.