El Ayuntamiento de Cáceres podrá destinar a políticas de acción y promoción social parte de su remanente de tesorería. Este resultado aún no se ha hecho público (para aprobar la liquidación de 2019 hay de plazo hasta el 31 de marzo), aunque si está en la media de los tres ejercicios anteriores daría una cantidad superior a ocho millones. A estas políticas se destinan 4,5 millones (incluido el gasto de personal) en la aprobación inicial de los presupuestos de 2020, una previsión que el ayuntamiento podría ampliar con una modificación de las cuentas que se dotaría de crédito con parte de su superávit o remanente de tesorería positivo del 2019.

Esta ampliación de los usos que se pueden dar al superávit es una de las principales novedades que para las entidades locales introduce el real decreto de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

La actual situación económica del ayuntamiento, que ya cerró 2018 sin gastos pendientes de aplicar en el presupuesto y con una deuda viva sin amortizar que está en unos de sus niveles más bajos, permite que se pueda destinar parte del superávit a los otros gastos que autoriza la legislación, entre los que ahora se incluyen las políticas de acción y promoción social. El ayuntamiento tiene ahora más margen para diseñar políticas que atiendan las necesidades sociales que está creando la pandemia en la ciudad, aunque la cantidad final de la que podrá disponer dependerá de los resultados de la liquidación del ejercicio de 2019.

El ayuntamiento destinó parte de su remanente positivo de tesorería de 2018, que ascendió a 8,9 millones, a dotar de crédito la reducción de su deuda con entidades financieras y las inversiones permitidas por la ley de haciendas locales, es entre estas últimos donde ahora se suman las de acción y promoción social.

Se pueden imputar a estas políticas de gasto las llevadas a cabo por la entidad local para la promoción de la igualdad de género, la promoción y reinserción social de marginados, así como para la gestión de los servicios sociales, la prestación de servicios a personas dependientes y a residencias de ancianos y otros gastos de naturaleza análoga. También se incluirán las transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la consecución de estos fines, según se establece en la orden que aprueba la estructuras de los presupuestos locales.

PLAZO PARA ALEGAR / El presupuesto del ayuntamiento para 2020 se aprobó inicialmente el pasado 28 de febrero, unos días después, el 3 de marzo, se publicó este acuerdo en el boletín oficial de la provincia, a partir del día siguiente se abrió el plazo de quince días hábiles para la presentación de alegaciones. Pero el 14 de marzo, a mitad del plazo, se publicó el real decreto que ordenó el estado de alarma, en una de sus disposiciones se suspendían los plazos administrativos.

Fuentes municipales consultadas por este diario daban por hecha la suspensión del plazo para la presentación de alegaciones. Hasta que no se complete el mismo no se puede dar por aprobado definitivamente el presupuesto de 2020. No obstante, desde el pasado 1 de enero se opera con el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior, que tiene crédito para las ayudas sociales. El alcalde, Luis Salaya, ha comentado esta mañana que entre el 1 y el 24 de marzo se han concedido 160 ayudas sociales por un importe de 94.238 euros.

Para el área o grupo de gasto para actuaciones de promoción y acción social hay en la aprobación inicial del presupuesto dos partidas, una de 4,5 millones y otra menor, de 297.000 euros, que está adscrita al Instituto Municipal de Juventud.