En circunstancias normales, la aprobación definitiva del presupuesto de 2020 sería una estupenda noticia para el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y su equipo al sacar sus primeras cuentas adelante con un gobierno en minoría. Ayer se publicó el acuerdo de aprobación definitiva al no haber alegaciones. Pero el presupuesto que ya está en vigor va a sufrir tantas modificaciones que el definitivo será diferente al inicial de 69,1 millones de euros.

Los primeros cambios vendrán por la necesidad de incrementar el gasto social, las partidas a ayudas que el ayuntamiento concede a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. De momento hay margen, el presupuesto destina 521.000 euros a atenciones benéficas y asistenciales y el gasto que se ha tramitado y autorizado hasta el pasado 27 de marzo no llega a los 150.000. Pero la previsión es que se agoten las partidas y haya que incrementarlas.

Hasta ahora los criterios que marcaba el Ministerio de Hacienda para el destino que el ayuntamiento podía dar a su superávit presupuestario eran muy estrictos. Primero el dinero se tiene que destinar a pagar las deudas que quedaban ‘en los cajones’ (débitos sin aplicación presupuestaria). Luego para reducir las operaciones de deuda a largo plazo. Y después para inversiones financieramente sostenibles. Ahora, por la crisis del coronavirus, el Gobierno incluye los gastos sociales. Se da mayor flexibilidad en el destino del superávit. La emergencia sanitaria hace que no se prime la austeridad y la reducción de la deuda frente al gasto social.

El superávit del ayuntamiento al cierre del 2019 se acercaba a los seis millones de euros. No es un cálculo hecho sobre dinero líquido, sino sobre derechos reconocidos de ingresos, pero que permite habilitar al consistorio crédito para partidas. Parte de esos seis millones se pueden destinar a incrementar la política de gasto en materia social (administración general de servicios sociales, acción social, promoción social y asistencia a personas dependientes).

OTROS FINES / El alcalde, Luis Salaya, apuntaba el pasado martes a un plan más ambicioso, que llegase a pymes, autónomos, vendedores ambulantes..., pero el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del coronavirus no lo prevé. En el gobierno local están a la espera de que el destino que se puede dar al superávit se amplíe. También se quiere del Gobierno que acorte el procedimiento para introducir modificaciones en los presupuestos, ya que ahora requiere de aprobación inicial, exposición pública, resolución de alegaciones y ratificación definitiva, un procedimiento que se puede prolongar meses.

La ventaja con la que cuenta el ayuntamiento frente a la situación creada por el coronavirus es que no hay deuda pendiente de aplicar al presupuesto, ya se consiguió el pasado año dejarla a cero frente a los cinco millones que llegó a alcanzar en años precedentes, y que el nivel de endeudamiento con entidades financieras es de los más bajos de los últimos ejercicios. Al cierre de 2019 la deuda con entidades públicas y privadas de operaciones a largo plazo ascendía a 15,5 millones de euros.

El ayuntamiento puede disponer ya de esos seis millones de superávit, no necesita de ninguna transferencias del Estado. En años anteriores, como en las modificaciones que se introdujeron en el presupuesto de 2019 en el mes de mayo, lo que se hizo fue no acudir al superávit, sino al remanente de tesorería, magnitud que engloba no solo los resultados de 2019, sino de todos los años anteriores, es la imagen más fiel de la situación económica del ayuntamiento. El remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019 también era positivo, en casi 6,3 millones de euros, es el quinto año consecutivo con un remanente positivo, aunque con unos resultados inferiores a 2018 (8,9 millones) y 2017 (9,4 -que fue el máximo en lo que va de siglo-).