El Defensor del Pueblo ha requerido a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales «la remisión urgente» de la información que solicitan los familiares de ancianos fallecidos en la Residencia Asistida de Cáceres, durante la pandemia. Estas personas han recurrido a la institución que representa Francisco Fernández Marugán ante la falta de respuestas de la Junta de Extremadura a sus preguntas. Ahora, el Defensor del Pueblo, debido a la «tardanza» de la consejería, vuelve a reiterar su petición de forma urgente, y así se lo ha hecho saber a distintas familias a través de escritos.
Además, la Asociación Damnificados Asistida Cáceres ha enviado hasta nueve solicitudes de información pública a través de la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, para que se formulen en la comisión no permanente de estudio sobre la pandemia en Extremadura. Piden que estas cuestiones sean planteadas a José María Vergeles, consejero de Sanidad, o a José Vicente Granado, director gerente del Sepad. Cada una de ellas incluye una batería de preguntas sobre el número concreto de víctimas, la gestión del centro, las protecciones aplicadas, el movimiento de ancianos de una planta a otra, o las secuelas que tienen los afectados.
«Auditando, no tapando lo que ha pasado, es como podemos avanzar», subraya el colectivo, que teme que «algo grave está ocurriendo en la Asistida».
