El Gobierno de Pedro Sánchez podría quedarse con 186 millones de euros de los remanentes de los ayuntamientos de la provincia. Es la cifra que maneja el Partido Popular en la Diputación de Cáceres basada en los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda. El préstamo se llevaría a cabo en base al acuerdo firmado entre el Gobierno estatal y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria. Es voluntario, es decir, los ayuntamientos tienen la capacidad de decidir si quieren acogerse o no al mismo (tienen de plazo hasta el 15 de septiembre). Si aceptan entregar sus ahorros el Estado tendrá diez años para devolverlo, a contar a partir de 2022.
El compromiso establece además que las corporaciones prestamistas recibirían del Gobierno un ingreso no financiero en los ejercicios 2020 y 2021, que sería como mínimo del 35% de lo que ha prestado. Y se creará un fondo para ayudar a las corporaciones. El problema es que no tendrán acceso al mismo las localidades que no presenten superávit, a las que se les da la opción, eso sí, de pedir adelantos a las diputaciones. El acuerdo incluye también el compromiso de Pedro Sánchez de aprobar una reforma del sistema de financiación de los municipios, para poner fin a la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 y que impide a los ayuntamientos gastar parte de sus remanentes.
La Diputación Provincial de Cáceres ha rechazado este martes una moción contra dicho acuerdo, debatida en un pleno extraordinario convocado a petición del grupo popular (que suman más de una cuarta parte de los diputados). Fue tumbada con los votos en contra del equipo de gobierno (PSOE); mientras que PP y Ciudadanos votaron a favor. Los socialistas defienden que el acuerdo es un instrumento «necesario» de autonomía municipal, porque permite a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes. «Es el primer paso para impulsar una verdadera reforma local, que termine con el austericidio que nos impuso el PP a todos los ayuntamientos», afirma el portavoz del equipo de gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina.
«No pueden ustedes (refiriéndose al PP) arrebatar a los ayuntamientos la posibilidad de contar con ese dinero y de asumir su papel fundamental en la reconstrucción económica y social tras los estragos que ha producido el covid-19», insistió el portavoz. Para Sánchez Cotrina uno de los puntos clave del convenio alcanzado con la Femp es la creación de un fondo de 5.000 millones de euros y la posibilidad de que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit de 2019, más de 3.000 millones, «haciendo compatible usar remanentes y superávit íntegramente, sin que computen en regla de gasto ni déficit, cosa que ahora no es posible debido a la ley de Estabilidad presupuestaria del PP». «Es el momento -añade Sánchez Cotrina- de ponernos al lado de los ayuntamientos y darles el papel que nunca debieron quitarles, por eso este acuerdo supone un paso importantísimo para abordar la reforma local, la ampliación de las competencias de las entidades locales y la reforma del sistema de financiación local».
«A ESCONDIDAS»
Para el PP, en cambio, el real decreto es «injusto» porque «inacuta los ahorros de los municipios y deja fuera a los que no han tenido superávit en 2019». Según explica el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, el acuerdo, que se ha negociado -asegura- «a escondidas» entre el presidente Pedro Sánchez y el de la Femp, el alcalde de Vigo y socialista Abel Caballero, no respeta el que se alcanzó en el mes de abril en la junta de gobierno de la federación. «Lo que se acordó era pedirle a Hacienda que los municipios y las diputaciones pudieran contar con el 100% de los remanentes para hacer frente a la crisis económica y que para aquellos que no tenían superávit, se crease un fondo para poder ayudarles», anota Sánchez Juliá.
Y añade que este real decreto «ataca a la economía municipal porque no solo se pide a los ayuntamientos que financien las políticas del gobierno mientras este se lo devuelve a cuentagotas, sino que luego les dice en qué pueden invertirlo». Y es que, aclara el portavoz de los populares, el acuerdo impide a que los ayuntamientos que puedan utilizar sus remanentes «en apoyar a las empresas, en fomentar el empleo o en ayudar a aquellas familias que necesitan un apoyo tras quedarse sin trabajo, aspectos fundamentales para la reactivación económica y social de la provincia».
