La Fiscalía insta a no aislar a los mayores pese a la crisis sanitaria. El Ministerio Público se ha reunido con las más de 170 residencias de la provincia de Cáceres para tenderles la mano y recordarles los derechos de los ancianos, que deben respetarse también en esta pandemia. Precisamente uno de esos derechos, recuerda la fiscal jefe, Marta Abellán, que se encargó de coordinar la reunión, es el de la «libertad de circulación», permitiéndose las salidas del centro en estas fiestas navideñas para ver a sus familiares, así como «el derecho a su dignidad», que ejercen a través de las visitas físicas y telemáticas que reciben de familiares y allegados.

En este sentido la fiscal jefe aplaude la orden de la Junta de Extremadura que permite las entradas y salidas de los mayores de estos centros durante estos días, siempre que no estén afectados por casos de coronavirus. El Ministerio Público velará porque esto se cumpla y no se vulneren los derechos de estas personas. «La Fiscalía tiene un compromiso serio con los mayores», insiste Abellán.

Se trata del primer encuentro (fue telemático y en tres turnos) que la Fiscalía lleva a cabo con los geriátricos desde que comenzara la pandemia y lo celebró con el objetivo de proteger a los mayores de cara a una posible tercera ola, que se espera para el mes de enero. El objetivo, tal y como explica la fiscal jefe, es establecer unos canales de comunicación y coordinación con los centros. Para ello se les ha facilitado una dirección de correo electrónico a la que los responsables de las residencias pueden remitir sus dudas o sus preocupaciones. Serán atendidos por la Fiscalía provincial para la protección de las personas mayores y personas con discapacidad, formada por tres fiscales (uno en Plasencia y dos en Cáceres). Entre otros asuntos, en la reunión se les plantearon diversas cuestiones referidas al equilibrio entre el derecho a la vida y la salud de estas personas y la necesidad de proteger también su libertad de circulación y el derecho a su dignidad.

Por otro lado, el Ministerio Público exige también a las autoridades que proporcionen a estos centros una información «clara» sobre el proceso de vacunación, que comenzará el próximo día 27 de diciembre (domingo) precisamente por los usuarios y trabajadores de estas residencias de ancianos. Pide que se les aclare si la vacuna es obligatoria o no, las consecuencias de la no vacunación, si será necesario un consentimiento informado y si habrá (y cuándo) una segunda dosis. Esta solicitud la hace precisamente ante la preocupación que les transmitieron los responsables de estos geriátricos durante el encuentro.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, aseguró ayer que remitirá a la Fiscalía los datos del sistema de vacunación cuando disponga de ellos. Y mostró su satisfacción porque el Ministerio Público demande esta información porque supone un «control de calidad» y «de garantía».

Por otro lado, la Fiscalía de Cáceres ha abierto diligencias en tres residencias de la provincia por su actuación en esta segunda ola: en la Nazaret de Plasencia y en las dos de la ciudad de Coria.