La dirección general de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una resolución por la que se desestima el recurso presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico Comercial Ruta de la Plata para la cancelación de la finca registral que aparece inscrita a favor de Pronorba, empresa promotora que defiende que parte de los terrenos que ocuparía el parque de medianas empresas proyectado junto al hiper de Carrefour es de su propiedad.
La consulta de viabilidad de este parque de medianas se presentó hace cuatro años y hace un año y medio se dictaminó a favor de la aprobación del programa de ejecución, pero el documento no se ha llegado a exponer al público, antes se debía cumplir con las condiciones que puso la comisión informativa de Urbanismo, que emitió su informe favorable condicionado a que se aclarasen y subsanasen las deficiencias señaladas en los informes técnicos (para presentar un proyecto de urbanización corregido) y a que se arreglasen las deficiencias documentales manifestadas en el informe jurídico de la secretaría general.
Sobre los terrenos hay dos propietarios que se atribuyen su titularidad. Uno es la agrupación de interés urbanístico que se ha constituido (en la que participan particulares, una empresas cacereña y el ayuntamiento) y el otro es Pronorba. Todavía no se ha iniciado un procedimiento judicial para resolver esta disputa.
En el acuerdo de la comisión de Urbanismo, que es la última decisión adoptada por el ayuntamiento para la aprobación del parque de medianas empresas, se argumentó que la agrupación de interés urbanístico está «legalmente constituida ante la Junta, por lo que mientras no haya una reclamación o resolución judicial que paralice este procedimiento, tiene la obligación de continuarlo, puesto que en caso contrario se vulneraría el derecho de los promotores que tienen a fecha de hoy la apariencia de legalidad».
La agrupación había solicitado la cancelación total de la finca registral que aparece inscrita a favor de Pronorba. Lo pedía por «haber decaído por caducidad el derecho que legitimaba dicha inscripción», que es la caducidad de las concesiones de explotación que conforman el grupo minero La Abundancia. La dirección general de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia no acepta el recurso de la agrupación porque, entre otros motivos, «no se acredita que el actual titular registral del derecho de concesión minera haya sido oído en el expediente administrativo de caducidad».
Pronorba ha defendido que lo tiene es la propiedad del terreno y no un derecho de concesión minera sobre el mismo.
Ni por parte de la agrupación de interés urbanístico, que remitió a los próximos días, ni de la empresa promotora se realizaron ayer manifestaciones a preguntas de este diario.
