Cuatro años han pasado desde el anuncio de compra del antiguo edificio de la comandancia de la Guardia Civil en Cáceres para una iniciativa privada de apartamentos turísticos y el proyecto sigue sin llegar a materializarse y a la espera de una modificación en el plan general municipal. Tal y como pone de relieve el ayuntamiento al respecto, «se hizo una propuesta en 2017 sobre la construcción de una serie de viviendas en esta parcela y se ha trabajado con diferentes opciones para que la construcción de las viviendas sea rentable con las características de la ficha del plan general municipal». Esta ficha establece que en la parcela se debe ceder un espacio público al ayuntamiento y crear estacionamientos bajo planta de tipo público. Por este motivo, este tiempo lo que finalmente se ha planteado es un cambio en el plan general municipal, que según sostiene el consistorio, aún no ha sido ejecutado.

Fue en 2017 cuando un empresario se interesó por la parcela y el inmueble con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, 3.670 de ellos edificables (2.750 para vivienda libre y 920 para vivienda protegida). En su momento el ayuntamiento estimó la posibilidad de construir hasta 28 viviendas.

Este promotor adquirió el inmueble por un precio muy inferior al que en un momento planteó la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), 300.000 euros frente a los 2,7 millones de euros en los que estableció en la primera subasta. Este edificio albergó al cuerpo de la benemérita 75 años hasta que en 2003 abandonó las instalaciones para instalarse en las nuevas que se construyeron cerca de El Cuartillo. Tras siete años sin uso, en estado de abandono y con un aspecto deteriorado, el gobierno central finalmente accedió a su venta en 2010 en una puja abierta a empresas y a particulares. Aunque se ofrecía una rebaja del precio en un 10% sobre los 2,7 millones, en la primera subasta pública en mayo de ese año nadie se interesó por él. En septiembre volvió a sacarse a la venta por 2,4 millones, 273.513 euros menos que en la primera puja y tampoco hubo ningún comprador interesado. Pasaron seis años hasta que de nuevo el ministerio el Interior volvió a abrir la puja de la parcela, junto a otros edificios similares repartidos en la geografía española, pero con un precio muy inferior al que propuso en 2010. 341.305 euros en la primera subasta y 307.174,50 euros en la segunda.