El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reafirmó este jueves que la Junta no adoptará ninguna decisión sobre el proyecto de la mina de Valdeflores, que impide las actividades extractivas en el sitio donde los promotores de esta iniciativa pretenden excavar una mina a cielo abierto. Vara compareció ayer por la tarde para aclarar el posicionamiento del gobierno autonómico y explicar los motivos que llevaron al grupo socialista en la Asamblea de Extremadura a rechazar la propuesta de impulso contra el proyecto de la mina de litio presentada por el grupo de Unidas Podemos.

Unidas Podemos pedía del pleno de la Asamblea un compromiso para que se pongan en marcha los medios técnicos y jurídicos suficientes para un rechazo efectivo al proyecto de la mina de Valdeflores por «los riesgos tanto económicos como para la salud pública y el patrimonio histórico que pudiera acarrear dicha acción extractiva» La iniciativa no salió adelante. Tuvo los votos a favor de Podemos (4) y del PP (20), pero el posicionamiento en contra del PSOE (34) y Cs (7). La votación no se produjo hasta las nueve de la noche. Tres horas antes Vara salió a explicar los motivos del ‘no’ de su grupo a la propuesta de Podemos.

Para entender su comparecencia y lo ocurrido ayer en la Asamblea hay que ir a los antecedentes. Los focos sobre el futuro de la mina están puestos sobre el gobierno regional, es el que mantiene vivo el expediente al estar tramitándose si se conceden todos los permisos de investigación que la empresa necesita para pedir la explotación del yacimiento. Un ‘no’ del PSOE, que está al frente del gobierno autonómico, a una moción en contra de la mina abre las especulaciones de que al final la Junta podría hacer viable el proyecto.

Para frenarlas Vara dio dos razones que explicaban el ‘no’ de su grupo. La primera es que el ejecutivo regional «ni puede ni debe pronunciarse públicamente sobre los expedientes administrativos abiertos», ya que en el caso de que lo hiciera «conllevaría la posibilidad de recusación de los cargos públicos que intervienen en él y restaría seguridad jurídica». Si la Junta acaba desestimando la concesión de explotación o el permiso de investigación, la empresa puede recurrir ante los tribunales la decisión administrativa y podría entre sus argumentos recoger la falta de objetividad de los cargos políticos que deciden.

La segunda es una reiteración de lo que se ha venido diciendo desde 2018. Y es que la Junta no utilizará ninguna puerta de atrás para saltarse el Plan General Municipal de urbanismo. Vara repitió que su gobierno no tomará ninguna decisión que no sea compatible con el plan, que impide la mina con argumentos medioambientales y de modelo de ciudad. La Junta respetará las competencias que tiene el ayuntamiento para decidir sobre la ordenación urbanística del territorio de Cáceres. Y es que además con el plan en contra no es posible una declaración de impacto ambiental positiva y sin ella no hay mina.

Corporación local

Con la actual corporación local no se va a modificar el plan de urbanismo, hace un mes la mayoría de sus miembros reafirmaron la protección de la sierra de la Mosca. Los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, reiteraron su rechazo a la mina. Y en una próxima corporación, mientras PSOE y PP sigan siendo los partidos mayoritarios y mantengan su posición, la protección se va a mantener. No solo estos dos partidos están en contra, sino que otros, como Podemos, también. Solo un cambio de opinión, que tendría una justificación muy difícil, de alguno de los dos partidos mayoritarios podría llevar a una modificación del plan. Lo mismo pasa con la Junta. Con sus reiterados anuncios de que no se saltará el plan, no se entendería que utilizase alguna de las figuras urbanísticas que tiene a su alcance para obviar la normativa local.

No obstante, en unas semanas se verá cuál es el posicionamiento de la Junta y hasta donde llega su intención de respetar el plan general. Ese momento será cuando decida sobre si concede el segundo permiso de investigación que ha pedido la empresa que promueve la mina para la zona en la que se proyecta la corta a cielo abierto. El plan de urbanismo no permite actividad extractiva en este sitio y los informes del ayuntamiento son contrarios al permiso. Si se da sin un cambio del plan, la Junta tendrá que justificar cómo concede un permiso en un terreno en el que el plan que dice que va a respetar no permite que se haga un actividad extractiva. En el primer permiso que concedió, en parte del suelo el plan permite la extracción. En el suelo del segundo permiso, por decidir y clave al afectar al terreno de la mina y del yacimiento, no se permite la extracción por el plan.

La falta de coincidencia entre Podemos y PSOE en la Asamblea de Extremadura se produjo cuando solo unas horas antes el alcalde, Luis Salaya, del PSOE, había pedido a los dos partidos que se pusieran de acuerdo para que saliera adelante la propuesta de rechazo de la mina. Salaya pidió que se consensuasen las modificaciones que fuesen necesarias para que hubiera unanimidad. El PSOE había presentado una enmienda para que el acuerdo en la Asamblea se circunscribiese principalmente al Plan General Municipal de Cáceres. Podemos entregó una enmienda transaccional para que además se refrendase la iniciativa de declarar como paisaje protegido la sierra de la Mosca.

Este debate en el pleno de la Asamblea se produjo solo un día después del anuncio de la instalación de una fábrica de cátodos, uno de los componentes de las baterías, en la provincia de Cáceres, una instalación que está ligada a la mina de litio de Cañaveral. Salaya interpretó ayer que su vinculación al proyecto de Cañaveral «retira presión» respecto a la iniciativa de la mina de Valdeflores. Se quejó más de la falta de suelo industrial en la ciudad, de lo que responsabilizó al anterior gobierno del PP, que de insistir en reclamar que la fábrica, que es una iniciativa privada, se instale en Cáceres, aunque sí aseguro que la ciudad «vivirá en los próximos años un desarrollo industrial». Más rotundo fue el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, del PP, que aseguró que su gobierno local «luchará con uñas y dientes» para que la futura factoría de cátodos se instale en su municipio.