«Es un paréntesis». Con estas palabras zanjó la directora del Gran Teatro, Silvia González, la incertidumbre generada en torno a la continuidad del Womad en la capital cacereña.

La inquietud sobre su futuro se justifica en que el festival suma ya dos años sin celebrarse y por el momento no existe ningún vínculo entre el consorcio y los organizadores de la cita ya que el contrato para garantizar su continuidad hasta 2023 sigue sin firmarse. Precisamente fue en marzo del pasado año cuando el consejo rector del consorcio formado por Junta, ayuntamiento y diputación dio luz verde a renovar el acuerdo con Womad para cuatro años más con un presupuesto total de 1,7 millones, es decir, 426.000 euros anuales, pero la crisis sanitaria dejó el contrato sobre la mesa y a día de hoy, un año después, no se ha rubricado. Al respecto, González descartó que esté sobre la mesa la desaparición del festival en relación a la propuesta alternativa que se presentó este miércoles para suplir la ausencia de Womad este año con cuarenta actuaciones hasta diciembre y argumentó que la demora en la formalización del contrato se debe a la situación provocada por la pandemia.

En ese sentido, no aclaró la directora del Gran Teatro los plazos sobre la futura firma aunque sí se pronunció sobre la posibilidad de que se produzca alguna modificación en el acuerdo debido al cambio de paradigma en la organización de eventos masivos. «Habrá que ver qué puede seguir igual o qué hay que cambiar», aseguró en relación al cambio plausible en cuanto a los aforos, ya que Womad ha acogido en sus últimas ediciones hasta 150.000 asistentes, una cifra que «no podrá ser tan numerosa».

La cita no pudo celebrarse el pasado año porque el país se encontraba en pleno estado de alarma por el coronavirus y emplazó a mayo de 2021. En el caso de este año, la organización del festival avanzó que trabajaba en alternativas para que fuera viable ya que por cuestiones sanitarias no era posible mantener el formato que había seguido hasta ahora y barajaba una opción similar a la que propuso en la cita de Las Palmas con conciertos con aforo controlado y reducido, pero finalmente a pesar de las negociaciones con su promotora Dania Dévora, la Junta anunció hace tan solo una semana la imposibilidad de nuevo de llevarse a cabo en las fechas previstas. «Ha sido una decisión difícil», reiteraron la consejera de Cultura, Nuria Flores, y el alcalde, Luis Salaya, este miércoles.

Precisamente esta edición sumaba una carga simbólica para el festival ya que estaba previsto que celebrara su treinta aniversario en la capital cacereña aunque la edición 29 no llegó a tener lugar. La cita multicultural lleva celebrándose de forma ininterrumpida como festival de gran formato desde 1992. Aunque la cita ya está más que arraigada al imaginario cacereño, vivió tiempos convulsos en 2008 cuando llegó a desaparecer por falta de acuerdo entre las instituciones y la organización y se sustituyó por un festival alternativo. Sobrevivió a esa etapa y regresó aunque acompañado de un asunto polémico que arrastra desde hace años y que le ha generado sus mayores críticas: el impacto que genera el botellón en la plaza Mayor, una cuestión que se comprometió a solventar la Junta, la última vez con Leire Iglesias como consejera de Cultura, pero a la que no se llegó a poner coto.