La asociación de Abogados Cristianos solicitará medidas cautelarísimas al juzgado para evitar que se retire la Cruz de los Caídos. Tiene ya preparada una querella contra el ayuntamiento si no se da marcha atrás en la decisión de quitarla de su actual ubicación, en la plaza de América. Por el momento no la presentarán en los tribunales, pero si el consistorio sigue mostrando su intención de retirarla, lo harán, tal y como confirmó ayer a este diario la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos.
El ayuntamiento ya ha anunciado que no la derribará sino que la trasladará de sitio, probablemente al cementerio, aunque no se ha concretado fecha para ello. Lo hará a petición del Gobierno de Pedro Sánchez, que le ha requerido en tres ocasiones que cumpla con la Ley de Memoria Histórica, que obliga a retirar los monumentos franquistas de los espacios públicos. Los requerimientos del Estado se llevan a cabo después de que el senador de Compromís por las Cortes Valencianas, Carles Mulet, se interesara por la Cruz cacereña._La última vez fue en julio, cuando el Gobierno informó a Mulet de que solicitaría al ayuntamiento información sobre lo realizado y sus previsiones en relación al cumplimiento de la citada legislación.
Por el momento el único paso que se ha dado por parte de la corporación municipal ha sido ratificar en pleno la intención de retirarla. Fue en enero, a raíz de una moción presentada por los concejales no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, que buscaba arrancar un compromiso del equipo de gobierno de que el monumento no se iba a cambiar de lugar. La moción obtuvo un empate en la votación (doce a favor y doce en contra). Pero el alcalde, Luis Salaya, utilizó su voto de calidad (como reconoce la ley en estos casos) para tumbar la propuesta. De momento se ha quedado en eso, en la ratificación de que la Cruz de los Caídos se trasladará de la plaza de América, pero ya en ese mismo pleno se aseguró que no es un asunto prioritario ahora.
Abogados Cristianos ha defendido siempre que la Cruz de los Caídos no es un monumento franquista, sino de índole religiosa. Aseguran que «no contiene ninguna simbología de exaltación». Se amparan en que el monumento fue levantado en honor a los muertos por Franco pero, tras la Transición, cambió su letrero para aglutinar a los dos bandos. Han recogido además 65.559 firmas para evitar también la retirada.
El traslado de la Cruz en Cáceres ha levantado además un movimiento ciudadano. Varios defensores del monumento crearon hace unos meses la plataforma Salvemos la Cruz de los Caídos, que ya cuenta con más de 8.000 miembros. Han colgado de balcones pancartas con el lema «la cruz no se toca» y se plantean llevar a cabo una concentración cuando la evolución de la pandemia lo permita.
Otras querellas
Con el mismo procedimiento que pretenden realizar en Cáceres (la petición de las medidas cautelarísimas y la presentación de la querella), ya han conseguido paralizar el proceso de retirada de varias cruces en distintos municipios del territorio nacional, como la Cruz de los Caídos del Monte do Castro en Vigo o la de Buñuel (Navarra). En ambos casos, los tribunales de sus respectivas regiones se pronunciaron a favor de mantener la Cruz. Y ponen como ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se expone que «tras eliminar toda simbología franquista, la Cruz puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina». Este caso podría asemejarse al de la Cruz de los Caídos cacereña.
El colectivo ya ha solicitado también estas medidas cautelarísimas al juzgado de lo contencioso administrativo para que prohíba la retirada de la Cruz en Casar de Cáceres. Lo hizo hace unos días, después de que el pleno del ayuntamiento casareño aprobara quitar el monumento y vallara la zona para llevar a efecto la decisión. En este caso también aluden a que este monumento no incumple la ley de Memoria Histórica porque no contiene ninguna inscripción. Por el momento el juzgado no se ha pronunciado.
Además la semana pasada presentó una querella contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, al que acusa de un delito de prevaricación con el agravante de discriminación y otro de odio por «presionar a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada». Según indica la presidenta de la asociación de juristas, Polonia Castellanos, tienen constancia de que «ha chantajeado» a los consistorios de Gargüera, Casar de Cáceres y Jaraíz de la Vera. El juzgado aún no ha admitido a trámite la denuncia presentada.
Este diario preguntó ayer por este asunto a la diputación, que declinó hacer declaraciones al respecto. El que sí se ha pronunciado ha sido el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales quien, a través de las redes sociales, arremetió contra el colectivo. «El fanatismo, la mentira, la mala fe y la irracionalidad son contrarias al derecho y al cristianismo», aseguró. E incluyó el hashtag #YoconCarlos.
