La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha denegado el permiso de investigación denominado Valdeflores, por considerar que las actividades de investigación que se pretendían llevar a cabo en las dos cuadrículas mineras que abarca este permiso consisten esencialmente en sondeos mecánicos y calicatas que están expresamente prohibidas por el Plan General Municipal, al realizarse en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura, realizada a petición de la oposición.
No obstante, según ha advertido la consejera, a pesar de que esta resolución es «un hito», el procedimiento de este expediente administrativo continúa y está «lejos de concluir». En estos momentos se ha abierto un periodo de alegaciones y posteriormente cabe la opción de acudir a la justicia. Asegura que el expediente se ha tramitado en base a los criterios técnicos y legales y que así se seguirá haciendo. «No esperen cierres de expedientes discrecionales», ha asegurado García. Y ha abogado por armonizar los intereses mineros con los intereses generales y, en particular, con los intereses de los cacereños.
Fue el pasado 6 de abril cuando la Dirección General de Industria, Mina y Energía emitió una resolución en la que se informaba de la denegación de la autorización para investigar. Según detalla la consejera, se han atendido así las alegaciones presentadas por el ayuntamiento a este expediente y ha decidido de esta forma no otorgar este permiso, puesto que no va a poder cumplir con la finalidad que encomienda la Ley de Minas, que no es otra que determinar la existencia de recursos minerales. «Hacer lo contrario sería irregular e ilógico», insiste Olga García.
Según asegura la titular de Transición Ecológica, los sondeos «son la verdadera naturaleza del permiso de investigación», que consisten en extracciones y calicatas que conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son «altamente impactantes y lesivas», tal y como se recoge en los informes técnicos del ayuntamiento.
En este sentido, la consejera se ha referido también en su intervención a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en la que se hace referencia precisamente a que un permiso de investigación minero sin sondeos «pierde su identidad». Por todo ello, ha añadido la titular de Transición Ecológica, esta resolución es «concordante con el Plan General Municipal de Cáceres, con la doctrina del TSJEx y mantiene la unidad de criterio con el permiso de investigación ya otorgado, ‘ampliación a Valdeflores’».
Por otro lado, Olga García ha recordado que, a la vez que este expediente, hay otros tres procedimientos de investigación solicitados sobre este mismo espacio y que también van a seguir tramitándose. Se trata de San José, solicitado en 2017 por la empresa Valoriza Minería; Rómulo, pedido en 2019 por AMG Lithium; y Extremadura, solicitado en 2019 por Castilla Mining y que abarca un espacio que no coincide en su totalidad con Valdeflores.
«Extremadura necesita un sector industrial potente y sostenible. En la Junta trabajamos con otros proyectos con gran potencial, aquí encuentran los recursos humanos y materiales y los expedientes se tramitan de forma ágil y fiable. Vamos a redoblar esfuerzos para que Extremadura se coloque a la vanguardia industrial», ha concluido la titular de Transición Ecológica.
Fábrica en Cataluña
Por su parte el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Bibiano Serrano, ha asegurado que «la mina sigue viva» porque la Junta y su presidente, Guillermo Fernández Vara, «así lo quieren». Y les ha acusado de sembrar dudas en torno a este proyecto. Ha recordado además que «el 80% de los cacereños ha dicho no a la mina» en las elecciones, les ha exigido que hagan público los pactos (si existen) con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha incidido en que la fábrica de baterías de litio no irá en Extremadura, sino en Cataluña. «No podemos cambiar nosotros para que se hagan grandes en otra comunidad autónoma».
La diputada de Unidas Podemos, Irene de Miguel, ha exigido el cierre de la mina porque «los cacereños no tienen derecho a vivir en esta incertidumbre». Ha incidido en que, de no ser por las plataformas ciudadanas «habrían regalado Extremadura». «Si contamos con esas fabriquillas de cátodos es gracias a la presión ciudadana», ha dicho. «La mina no se va a hacer por mucho que sus promotores compren políticos y compren encuestas. El pueblo cacereño no va a venderse por un plato de lentejas», ha aseverado.
Joaquín Prieto, de Ciudadanos, ha criticado las campañas «destructivas» para «ahuyentar cualquier tipo de inversión que traiga riqueza a nuestra tierra» y ha insistido en que cerrar la tramitación supondría «un atentado contra la seguridad jurídica y la libertad de empresa».
Por último el diputado del PSOE, Labrador Pulido, ha recordado que en estos momentos no existe ninguna petición de explotación de la mina, sino de investigación, cosas diferentes a su juicio. «El permiso de explotación siempre tendrá una resolución desfavorable. Si Cáceres no quiere mina, nunca tendrá mina», ha sentenciado.
