La empresa promotora de la mina de litio en el paraje de Valdeflores recurrirá la denegación del permiso de investigación de la Junta de Extremadura. Presentarán primero un recurso de alzada por la vía administrativa y, de no prosperar, acudirán a los tribunales con la interposición de un recurso contencioso administrativo. Esto, eso sí, podría dilatar aún más los plazos, porque la multinacional tiene ahora un mes para presentar su recurso y la Junta otros seis meses para contestar.

«El planteamiento de la empresa es llegar hasta el final, sea cual sea el tiempo necesario y sea cual sea el coste. Ese coste es mucho menos que el coste en el que ha incurrido la empresa en el desarrollo del proyecto», afirma el director general de la compañía, David Valls. Una vez finalizado el proceso, si no consiguen el permiso para investigar, se plantean eso sí, reclamar indemnizaciones por el dinero invertido hasta ahora.

La compañía está convencida de que los tribunales tumbarán la resolución de la Junta de Extremadura, que no autoriza investigar porque pretenden realizar sondeos mecánicos y calicatas que están expresamente prohibidas por el Plan General Municipal, al realizarse en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos. «Son unos permisos que la Junta de Extremadura aceptó favorablemente anteriormente y, basados en los mismos informes medioambientales y urbanísticos, hoy considera que lo que antes le valía ya no les vale», asegura el director de relaciones institucionales, Cayetano Polo. Se refiere a que en 2016, en el otorgamiento inicial del proyecto, la Junta ya puso de manifiesto «la compatibilidad urbanística bajo la misma situación y los mismos criterios». «No puede haber una decisión en un sentido en 2016 y cambiar esa decisión en este momento», insiste Valls. «La ley dirá que tienen que ser positivos porque la Junta no se ha atrevido a decirlo», añade Polo.

Critican además la forma en la que se ha comunicado porque aseguran no lo hicieron directamente, sino que se enteraron en la misma comparecencia. Y que se trata de una decisión política. «Ha decidido (la Junta) mantener, consolidar y garantizar el sueldo del alcalde a cambio de condenar el desarrollo industrial y el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra ciudad», ataca Cayetano Polo. «Es lamentable que esto suceda –añade- porque cuando decisiones que afectan a las empresas se sustentan en el debate político, lo que trasladamos desde esta tierra es una inseguridad jurídica tremenda y eso afecta a la seguridad de atraer inversiones».

Aseguran que la resolución tiene en cuenta los intereses de los detractores del proyecto. «Nos estamos enfrentando contra grupos minoritarios, muy ruidosos, pero minoritarios, que velan más por sus intereses personales que por los intereses del desarrollo industrial de Cáceres», insiste el director de relaciones institucionales.

Los promotores aseguran, además, que este parón podría afectar directamente al futuro de la ciudad. «Esta interrupción impacta directamente en las necesidades futuras para atraer inversión internacional. Llega en un momento clave, donde el sector está buscando un desarrollo rápido dentro de nuestras fronteras. Queremos que Cáceres no solo forme parte de este tren, Cáceres tiene que ser la locomotora», apunta el director de la compañía. Y recuerda que el proyecto supondrá desarrollo industrial y atraerá empleo.