El alcalde de Santiago de Alcántara, Eusebio Batalla, defiende la legalidad de la residencia de mayores de la localidad. Fue este lunes cuando el regidor municipal declaró en el juzgado después de que la familia de una residente que falleció durante la pandemia en el centro se querellara contra los administradores del geriátrico por homicidio imprudente y prevaricación. 

En la declaración que tomó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Valencia de Alcántara, encargado de dirigir la instrucción del caso, Batalla sostuvo en todo momento que la residencia cumple con todas las licencias necesarias y desmiente las acusaciones, según exponen a este diario fuentes del despacho de abogados Díez y Asociados, bufete que ha presentado la querella. Similar testimonio ofreció el responsable de la empresa concesionaria, Alianza Geriátrica Extremeña SL (Aligex), la otra parte a la que la familia hace extensible la denuncia. 

Según recoge la querella a la que ha tenido acceso este rotativo, la fallecida residía en la residencia El Péndere desde 2010. El escrito expone que el 6 de marzo del 2020, ocho días antes de que se declarara el estado de alarma en el país, acudió al centro de salud por «un mal control metabólico» y el médico le prescribió ejercicio. A la semana, la mujer manifestó síntomas compatibles con coronavirus tales como fiebre, malestar y tos. Fue el 17 de marzo cuando se le realizó una prueba y dos días después fue trasladada al hospital Quirón en Cáceres, donde falleció cinco días más tarde por, tal y como recoge el parte de defunción, un «síndrome respiratorio causado por coronavirus». Como ella, en la misma residencia fallecieron durante la primera ola otras 18 personas, pero e resto de familias no se ha pronunciado. De hecho, este centro fue uno de los más afectados por la pandemia en los primeros meses y fue cerrado a finales de marzo por la Junta de Extremadura debido a que, tal y como declararon, no contaba con permiso de funcionamiento. Por esta razón, en la querella se denuncia que la residencia seguía operativa «sin los permisos necesarios» y a expensas del control del Sepad, el organismo responsable de los centros de mayores de Extremadura. 

Como siguiente paso en el proceso judicial, el despacho de abogados requerirá al área sanitaria del gobierno regional la documentación que certifique que reguló y vigiló que el geriátrico cumpliera con todos los protocolos legales y sanitarios.