"Me va a disculpar pero he perdido mucha memoria porque he estado a punto de fallecer por covid». Así respondió el ayer el exalcalde de Casas del Monte, Juan José Bueno (PP), que fue juzgado en la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación administrativa, a preguntas de la Fiscalía, porque muchos de los detalles de la operación que le ha llevado a estar investigado no los recordaba.

Junto a Bueno están también imputados el actual alcalde (también del PP) Pedro Gómez, otros dos concejales y el alguacil. Bueno quiso adquirir una finca rústica y una nave para la construcción de un velatorio (no hay ninguno en el municipio), viviendas sociales (la Junta de Extremadura ya se las había concedido) y un pabellón deportivo. Pero lo quiso hacer burlando la ley de contratos públicos. Habló personalmente con los propietarios y llegaron a un acuerdo en el precio, 202.600 euros. Después acudieron a la notaría en Hervás para formalizar la compraventa y el cambio de escrituras. En cambio el notario les advirtió que este trámite debía pasar antes por el pleno de la corporación. Y ahí empezaron los problemas.

El acuerdo verbal se realizó en el año 2015, pero no fue hasta 2018 cuando se inició el expediente administrativo para dar un cauce legal al contrato que había pactado el entonces alcalde. Y se elevó a pleno. En esa sesión el interventor pidió la palabra para informar de las dificultades económicas del ayuntamiento para adquirir el bien en cuestión, pero se le negó la palabra. Finalmente se aprobó el inicio del procedimiento con el voto del exalcalde y de los concejales también imputados.

Después el interventor llegó a emitir hasta tres informes con reparos a la operación, además de por falta de liquidez, porque la finca no estaba inscrita en el registro de la propiedad. A pesar de ello, en la mesa de contratación se aprobó la adquisición, para lo que el alcalde utilizó su voto de calidad (hubo dos votos a favor y dos en contra). Se le dio luz verde después en pleno, tras levantar los reparos que había puesto el interventor a la operación.

Llegó a redactarse un contrato de compraventa en el que se incluyó una cláusula que, según el exalcalde, especificaba que si el propietario no conseguía inscribir la finca en el registro quedaría anulado. A día de hoy todavía no se ha llegado a firmar la venta porque ese trámite no se ha conseguido. No obstante, el ayuntamiento estuvo cinco años utilizando la nave a pesar de no haberla comprado, porque el exalcalde pidió al dueño que le diera una llave para poder guardar allí el material necesario para la obra. No han abonado cuota alguna por su uso.

Tanto el exalcalde, como el actual regidor y los concejales defienden la legalidad de la operación porque se incluyó en el contrato la cláusula en la que se decía que si no se inscribía en el registro el convenio quedaba anulado. Y critican que el interventor «ponía reparos a todo». «Lo único que quería era tener dinero en el ayuntamiento y no hacer nada. Hoy habría dinero para comprar esa finca dos veces», aseguró ayer Bueno.

El Ministerio Público solicita para los imputados once años de inhabilitación y la acusación particular, ejercida por los dueños de la finca, doce años.