Funcionarios del Centro Penitenciario de Cáceres han realizado dos intervenciones esta semana para incautar a internos diversas cantidades de droga y varios teléfonos móviles, según el sindicato CSIF. Un móvil de 15 euros dentro de la prisión alcanza un valor de entre 150 y 200 euros, mientras que la droga triplica el precio, disparándose cuando escasea, ha afirmado CSIF.

En nota de prensa, la central sindical destaca que sin el trabajo "constante y esforzado" de estos funcionarios, por la falta de personal, habría sido imposible llevar a cabo las incautaciones. En concreto, este miércoles requisaron a un interno durante el cacheo de su celda un teléfono móvil, cinco bellotas de hachís, heroína y una bola de speed (droga de diseño), además de otros dos teléfonos móviles.

Drogas y móvil incautados por los funcionarios de prisiones esta semana.

Además, el jueves los funcionarios requisaron otro teléfono móvil y un pincho carcelario en el módulo 3 del centro. Según ha expuesto CSIF, el material llega a la prisión oculto en el interior del cuerpo de los internos al regresar de permiso y a través de los familiares en las visitas íntimas.

Falta de medios

Para el sindicato, es "excesiva" la presión que soporta la plantilla de este centro ya que a esta incautación hay que sumar los hechos que han ocurrido a lo largo de los primeros meses de este año, como el incendio que provocó un interno en su celda, numerosas peleas y los tres internos que han fallecido. Así, ha vuelto a reclamar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una "solución urgente" porque la "falta de medios en este centro penitenciario es insostenible".

En su opinión, la prisión cacereña tiene una plantilla envejecida, seis de cada diez efectivos se encuentra a punto de jubilarse, se cubre el trabajo del Centro de Inserción Social (CIS) Dulce Chacón detrayendo personal de la prisión y se olvidan aprobar la declaración de agentes de la autoridad a estos funcionarios.

En esa misma línea se pronuncia el colectivo Tu abandono me puede matar que lamenta también la carencia de medios y la falta de consideración de la figura de agente de autoridad para los funcionarios de prisiones, que elimina la presunción de veracidad y podría llegar a dejar sin castigo penal el tráfico de estupefacientes. Piden al respecto un estatuto propio para la profesión y que no se trate los trabajadores de la cárcel como a un colectivo administrativo. De hecho, el 20 de abril convocan una manifestación en Madrid para reclamar ese estatuto.