El gobierno de la diputación provincial acordó este martes retomar, actualizar y hacer un seguimiento del plan contra la exclusión financiera puesto en marcha por la institución provincial en el año 2018. El objetivo es que no haya ninguna población de la provincia que se quede sin servicio financiero, según afirmó el presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, en una nota de prensa con el acuerdo adoptado.

Se trata de un plan de ayudas para el establecimiento de entidades financieras en municipios con menos de 20.000 habitantes y en entidades locales menores de la provincia de Cáceres que «no dispusieran de oficinas, sucursales o representaciones bancarias o que hubieran sufrido el cierre de las mismas», según se afirmó por la diputación. El plan estuvo dotado con 250.000 euros en su convocatoria anterior y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de septiembre de 2018. Ese año, con Rosario Cordero al frente de la institución provincial, ya se planteó luchar contra la exclusión bancaria, incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de llevar unidades móviles bancarias a los municipios como una oportunidad para evitar la exclusión financiera en el mundo rural. Aunque entonces ya se destacó que lo ideal sería que se mantuvieran abiertas las oficinas de las entidades.

El anuncio de que se retoma esta iniciativa coincide con los de cierres de sucursales bancarias por las principales entidades financieras del país. CaixaBank comunicó este martes el recorte del 20% de su plantilla, lo que solo en la región supone el despido de sesenta trabajadores. El anuncio de este martes de CaixaBank se suma al realizado unos días antes por el BBVA, también con despidos y con cierre de oficinas 

Desde la diputación cacereña se destacó este martes que con su decisión de recuperar el plan se continúa con las políticas de ayuda a los municipios, de lucha ante el reto demográfico y de buscar el equilibrio entre el mundo rural y urbano ya que, según señaló el portavoz y diputado de Reto Demográfico Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina «la exclusión financiera supone, a todos los efectos, la exclusión social de la población de los municipios afectados y conlleva un aumento del despoblamiento en las zonas rurales».

Carlos solicitará a los ayuntamientos información de la situación de los servicios financieros de los municipios «con la intención de tomar medidas tendentes al impulso de tales servicios en todos los pueblos», según se destacó por la institución. También se hará una evaluación de la situación de los municipios beneficiarios de las ayudas de años anteriores. Los municipios que en anteriores convocatorias solicitaron dichas ayudas fueron un total de 37. La intención de la diputación es «adelantarse a las posibles problemáticas que puedan surgir como consecuencia de las fusiones emprendidas por entidades y contribuir a dar una respuesta a los municipios que han sufrido el cierre de las oficinas», dijo Cotrina.