Una de las principales variaciones que se han hecho en la norma urbanística de la ciudad se acabará dirimiendo en los tribunales. La asociación conservacionista Adenex fundamentará el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la modificación del plan general de urbanismo que facilita la instalación de plantas fotovoltaicas. Esta variación de la normativa local se tramitó y aprobó durante los primeros meses del gobierno de Luis Salaya y ya ha dado como resultado el inicio de las obras para la instalación de dos grandes plantas, una en las inmediaciones de la N-521, entre Malpartida de Cáceres y Aliseda, y otra en las proximidades de la carretera de Salamanca, en los accesos al polígono empresarial de Casar de Cáceres.

Con estos cambios se eliminaron las limitaciones de potencia y extensión para el desarrollo de plantas en suelo no urbanizable de protección Llanos. Hasta ahora se están instalando las infraestructuras de las dos grandes plantas citadas, una de ellos se divide a su vez en tres, y hay otras en proyecto, la de mayor tamaño, la que se planifica en las cercanías de la carretera de Badajoz y que promueve Acciona, está pendiente de la tramitación ambiental.

Los argumentos de Adenex son varios. El primero es el principio de no regresión, por el que ciertos valores ambientales que han sido reconocidos en la normativa urbanística no se pueden levantar a no ser que se acredite que han dejado de existir siempre que no se deba a la acción humana o haya motivos de interés general de primer orden. Frente a que se facilite la instalación de plantas en suelos con alguna protección, la asociación recuerda que el municipio de Cáceres cuenta con más de 3.000 hectáreas de suelo no urbanizable común para poner las plantas.

Hay una segunda razón: la afección al hábitat de especies protegidas, algo que, según apunta la asociación entre sus argumentos, se reconoce en el estudio ambiental estratégico que se elaboró como parte de la modificación del plan general. 

Y hay una tercera causa para recurrir la modificación, que son los estudios científicos que advierten de la expansión incontrolada de las plantas solares fotovoltaicas, uno de ellos es la llamada de atención realizada por 23 científicos españoles en la revista Science, quienes argumentan que el desarrollo de renovables a gran escala (eólica y fotovoltaica), tal y como se viene desarrollando y potenciando en España, puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles.

El recurso ha sido admitido a trámite y ya se ha emplazado a las dos administraciones que han intervenido en la modificación, el ayuntamiento y la Junta. El alcalde, Luis Salaya, ya expresó su confianza en que el recurso no sea estimado porque, entre otras razones, por el ayuntamiento no se ha liberado suelo para permitir la instalación de plantas solares fotovoltaicas en todas partes.