Las cofradías reclaman más ayudas públicas y la implicación del sector privado para mantener la Semana Santa. Las hermandades están sufriendo en estos momentos las consecuencias de la crisis sanitaria, que les ha hecho perder las ayudas anuales que hasta ahora recibían de las administraciones públicas. Tanto la diputación como la Junta de Extremadura han suprimido la subvención que cada año les concedía precisamente porque la pandemia ha impedido que se celebren las procesiones (la institución provincial les da 3.500 euros y el Ejecutivo autonómico 4.000).
Tampoco han recibido la del ayuntamiento, que asciende a 28.000 euros, aunque el consistorio busca la fórmula de poder reintegrar este dinero en 2022, es decir, que ese año reciban 56.000 euros (los 28.000 de ese ejercicio y los correspondientes a 2020). Sin embargo, y a pesar de que en los dos últimos años los pasos no han podido sacarse a la calle, las hermandades han seguido sumando gastos entre mantenimiento de imágenes, sedes y la celebración de actos. En 2020 y 2021 todas estas facturas se han abonado de los fondos de las cofradías, que llevan dos años manteniéndose de las cuotas de los socios, teniendo en cuenta que el 40% de lo que generan es destinado a la caridad, según los estatutos.
Las cuentas están al límite. Por eso lanzan un SOS. Reciben 35.500 euros en subvenciones pero, tal y como asegura el presidente en funciones de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez (ayer fue reelegido de nuevo para el cargo), eso no supone «ni el 15% de lo que cuesta organizar una Semana Santa». Sacar 23 desfiles procesionales a la calle, como ocurre en Cáceres, supera los 200.000 euros, según sus cálculos. De hecho las subvenciones solo llegan para contratar las bandas, el resto de gastos (flores, mantenimiento de imaginería,...) son sufragados con fondos propios.
Según afirma Santos Benítez, la Semana Santa cacereña es una de las que menos aportación económica recibe las administraciones públicas. Pone como ejemplo la de Mérida, que también está declarada de Interés Turístico Internacional, a la que el ayuntamiento concede cada año 50.000 euros (44.000 para gastos corrientes y 6.000 para restauración). También Badajoz que, sin contar con esa declaración, cuenta con una subvención superior a Cáceres.
Todos estos asuntos se abordaron el pasado miércoles en una reunión mantenida entre el alcalde, Luis Salaya, y los representantes de las diferentes cofradías. Le solicitaron que se buscaran las fórmulas para poder recuperar, al menos, la ayuda del año 2020 y que esta no se pierda. Se comprometió a estudiar con la intervención municipal la manera de que puedan recibirla en el 2022 y a revisar también la subvención correspondiente al presente ejercicio, cuando tampoco ha habido procesiones pero sí cerca de un centenar de actos litúrgicos. «Hay que buscar la forma de justificar los gastos porque esta Semana Santa las cofradías no han parado», insiste Santos Benítez.
Las cofradías reclaman además una mayor implicación de los sectores privados. Principalmente porque la fiesta supone cada año una inyección económica para la ciudad. En los últimos años Cáceres ha recibido entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección más de 100.000 turistas (102.000 en el año 2019, último en que se celebraron procesiones) y se calcula que deja en la ciudad unos 6,2 millones de euros tanto en negocios de hostelería y turismo como en el comercio. La Unión de Cofradías, de hecho, está preparando un informe sobre la repercusión económica que supone al año la Semana Santa. «Hay que conseguir que la ciudad se implique, que todo el mundo eche una mano», insiste Benítez.
Los problemas económicos son una de las cuentas pendientes a las que se enfrenta el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, que fue ayer reelegido por el pleno de este colectivo. Representará a las hermandades de la ciudad durante los próximos cinco años (lleva ya otros cinco en el cargo). Y serán los últimos, ya que los estatutos del colectivo impiden ostentar la presidencia durante más de una década.
Benítez mantendrá a su junta directiva, formada por Jacobi Ceballos (vicepresidenta), Jorge Rodríguez (secretario), Víctor Gómez (tesorero) y Sergio Cambero (vocal de juventud y prensa). Ayer fue designado presidente al ser la única candidatura presentada. Ahora la diócesis de Coria-Cáceres debe refrendar el cargo. Será en un acto que se celebrará el próximo 4 de junio presidido por el administrador diocesano, Diego Zambrano. Aún está por decidir el lugar.
