Más de un centenar de apoyos en un día. Este es el balance que hace la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) de la campaña que ha puesto en marcha a través de Change.org para que la cárcel vieja reabra como espacio sobre memoria histórica. Esta campaña pretende avanzar de forma paralela a la recogida de firmas presencial que lleva a cabo la asociación desde hace semanas para conseguir el mismo objetivo.
De esta manera, la asociación reclama de nuevo resignificar el edificio que fue una de las cárceles políticas durante la dictadura y que convertirlo en un centro «relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz». La petición, aunque tiene como objetivo llegar a las administraciones locales y regionales, está dirigida directamente al gobierno central, propietario del inmueble. La iniciativa pretende emular el modelo que han seguido en las prisiones de A Coruña o Segovia y blindar las instalaciones no solo desde el punto de vista material sino inmaterial.
Continúa el colectivo así las acciones de una campaña que impulsó de nuevo hace dos años, cuando planteó una utilidad sociocultural al edificio que lleva cerrado décadas y continúa en estado de deterioro y abandono. La de Amececa no ha sido la única propuesta en estos últimos años para que se reabra el inmueble con más de 10.000 metros cuadrados en la avenida Héroes de Baler pero ninguna ha llegado a prosperar. Ya en esta última legislatura, con Luis Salaya como alcalde, el ayuntamiento ha descartado incluir este edificio entre las prioridades municipales. Un informe estima que la reforma supone un desembolso de 12 millones.
Fue en 2010, un año después del cierre definitivo de las instalaciones y con el nacimiento de Amececa, cuando se retomó el interés por garantizar el futuro de la antigua prisión. Cinco años más tarde, y tras la reivindicación vecinal por su abandono, se inició una cruzada para que reabriera. De hecho, tanto creció la presión ciudadana que el ayuntamiento inició los trámites para que Instituciones Penitenciarias cediera la cárcel al ayuntamiento. Por cuestiones burocráticas, el gobierno central alegaba que el ayuntamiento no había trasladado la documentación pertinente, durante un tiempo estuvo en venta pero se retiró del catálogo tan solo unos meses después.
Bien de interés cultural
De forma paralela, Amececa reclama a la administración que se declare al edificio Bien de Interés Cultural (BIC) por su valor patrimonial e histórico. A principios de abril de este año, un mes después de celebrar los actos para recordar a los represaliados en la capital cacereña, un acto que habitualmente parte de la vieja prisión, el colectivo hizo público un nuevo manifiesto para insistir en que se avance en este proyecto.
Entre las razones que exponen para defender su propuesta, sostienen que está demostrado históricamente que el edificio fue «un importante centro de reclusión de los oponentes políticos reales o ficticios del Franquismo». Su construcción se inició en 1934 y «el «fin de la Guerra Civil y los primeros años de posguerra provocaron un importante crecimiento en el número de reclusos».
Estiman que «entre 450 y 500 personas abandonaron los muros de la prisión para ser asesinados por piquetes militares y entre 150 y 200 murieron dentro de la prisión» durante esos primeros años de dictadura. Anotan de la misma forma que en los 60 se mantenían recluidos a más de 200 presos antifranquistas y se mantuvo su uso como ‘cárcel política’ hasta la muerte del dictador.
