El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cáceres solicita a la diputación todos los informes y estudios realizados sobre memoria histórica por el comité de expertos que nombró la propia institución. Quiere conocer los monumentos que han sido calificados como vestigios franquistas y las actuaciones que se han ordenado en torno a ellos. Este requerimiento se realiza después de que el juzgado haya abierto diligencias contra el presidente de la diputación, Carlos Carlos, a raíz de una querella presentada por la asociación Abogados Cristianos, que le acusa de un delito de prevaricación con el agravante de discriminación y de otro delito de odio.

Según indica la propia institución este comité de expertos fue contratado por concurso público para que analizara el cumplimiento de la memoria histórica de todos los municipios de la provincia, salvo las ciudades de Cáceres y de Plasencia, aunque es este mismo colectivo el que analiza, de forma paralela, la situación en la capital cacereña, tal y como especifica el Ayuntamiento de Cáceres. Así, en el caso de Cáceres, ha realizado informes sobre la Cruz de los Caídos, calificada como vestigio franquista y que el consistorio ya ha anunciado que retirará de la plaza de América precisamente para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Lo hace a instancias del Gobierno central, que ya ha requerido al ayuntamiento el cumplimiento de esta legislación.

Probablemente la Cruz se llevará al cementerio, aunque por el momento no existe una fecha concreta para su traslado. No es algo prioritario para el consistorio; habría primero que elaborar un presupuesto para ello (podría costar entre 20.000 o 30.000 euros, según los expertos). El anuncio de su retirada ha generado una importante división en la ciudad y la creación de una plataforma, ‘Salvemos la Cruz de los Caídos’, con más de 8.000 miembros, que vela por que la misma se mantenga en el lugar habitual. El colectivo está apoyado por la propia asociación de juristas, que ya ha anunciado que tiene preparada la solicitud de medidas cautelarísimas al juzgado para impedir que se quite.

Abogados Cristianos fue la primera asociación que mostró su rechazo a la retirada del monumento cacereño e inició una recogida de firmas que lleva ya 66.303 adhesiones. De momento el colectivo, tal y como confirma su presidenta, Polonia Castellanos, no ha pedido estas medidas cautelares porque el caso de la Cruz se encuentra paralizado, pero lo hará cuando se retome. No es algo nuevo, sino que sobre la retirada de este monumento se lleva hablando años y hasta ahora ningún gobierno municipal ha cumplido con lo que le exige la ley.

En cuanto a la querella interpuesta por la asociación de juristas contra el presidente de diputación, afirman que lo hacen porque estiman que la institución «está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios». Y pide que «se paralicen todos los derribos de cruces en la provincia ya que el responsable de ellos está siendo investigado por este motivo». El juzgado no se ha pronunciado sobre esto.