La próxima vez vamos a hablar de otra manera». Eso fue lo que le dijo la directora de la Asistida a la cuidadora de uno de los residentes cuando la vio utilizar guantes de látex en el mes de marzo del año pasado, antes de que se ordenara el cierre de los centros de mayores por el coronavirus. Esta trabajadora, que estaba contratada por la familia de uno de los ancianos para que acudiera a diario al centro a visitarle y a atenderle, prestó ayer declaración en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cáceres, que continúa con la investigación de este geriátrico a raíz de la querella presentada por familiares de residentes fallecidos.

Tal y como explicó a las partes, una vez que se conoció la existencia de la pandemia, decidió ponerse guantes en las manos para proteger al anciano y protegerse ella. En la primera ocasión la dirección le llamó la atención y le obligó a quitárselos y en la segunda, tal y como afirmó ayer, una trabajadora social le transmitió la amenaza de la propia dirección, para que no volviera a ponérselos. Su declaración duró unos 20 minutos.

Ayer también contó su versión de los hechos un camarero limpiador del centro, quien aseguró al tribunal que desconocía si había un protocolo de actuación puesto que «no se nos dio información» alguna. Dijo que había «recomendaciones» pero que nadie les pasó un protocolo a seguir. De hecho aseguró que, una vez que se cerró el centro, todos los trabajadores continuaban realizando el almuerzo en el comedor habitual, donde se juntaban los de todas las plantas, y que eran ellos los que, por cuenta propia, intentaban mantener distancia de seguridad.

También comían en el mismo lugar todos los residentes considerados válidos, aunque pertenecieran a plantas diferentes. Y que no se siguieron medidas excepcionales en el reparto de las comidas porque «no había protocolo».

En cuanto al material de protección aseguró que se vieron obligados a ponerse bolsas de basura porque en aquel momento «no había otra cosa», carecían de Equipos de Protección_Individual (EPIs). Y reconoció que a principios de marzo «había tensiones» por el uso de las mascarillas. Afirmó, además, que no se realizaron PCR hasta que la residencia cerró.

El abogado de los familiares querellantes, Marco Antonio Tobías, del bufete Pita & Broncano, ha solicitado al juzgado disponer de una relación de todos los trabajadores del centro de mayores para llamar a declarar a empleados de diferentes departamentos.