La cárcel cacereña vuelve a protestar por la falta de personal. En este caso, son los sindicatos que representan a los trabajadores los que tres años después convocan una nueva protesta presencial hoy jueves, esta vez frente a la Subdelegación de Gobierno de Cáceres como reacción a la nueva oferta de empleo que se hizo pública esta semana y que consideran insuficiente para atajar la situación de escasez de plantilla que sufre el centro penitenciario Cáceres II.

En total en España, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE)_este miércoles, el gobierno central oferta 40 plazas de facultativo, 60 de superior de técnicos, 35 de enfermeros, 50 de personal especial de instituciones, 950 de ayudantes, 15 de superior de técnicos (promoción interna) y 30 de personal especial (promoción interna). Esta relación es considerada como insuficiente por parte de los sindicatos y trabajadores, ya que consideran que no cubre los mínimos que requieren los centros penitenciarios.

A esta queja principal se añade el problema que padece la prisión de Cáceres. En primer lugar, según expone Alberto Ramajo, representante del Comisiones Obreras, se encuentra que no se cubren las vacantes que dejan las jubilaciones, cada vez más frecuentes ya que la edad media de los trabajadores es de 54 años. En segundo lugar, lamenta que a partir de una determinada edad los empleados pasan a una segunda actividad y figuran dentro de la Relación de Puestos de Trabajo pero no desempeñan labores de vigilancia y control dentro de las instalaciones. «Si hay 200 funcionarios, 150 trabajan en labores de vigilancia y 50 se encuentran en segunda actividad», denuncia.

Esta situación de déficit de plantilla, sostiene, se ha agravado durante el último año debido a la pandemia de coronavirus que ha recrudecido las condiciones de las instalaciones ya que los internos no podían abandonar la prisión debido al confinamiento. La crisis sanitaria ha multiplicado el número de incidentes relacionados con la violencia entre los internos y hacia los propios funcionarios, el último se produjo este mes cuando un recluso amenazó y agredió a dos trabajadores. «Tenemos un problema muy serio con las agresiones», pone de relieve Ramajo. También las vacaciones de verano han provocado que los turnos sean aún más reducidos.

Sin médicos después del verano

A las quejas por la falta de personal de vigilancia se une también una situación que ya publicó este diario en relación al personal sanitario de la cárcel, ya que a partir de septiembre los dos titulares se jubilan y la prisión se quedará sin médicos. En la actualidad, trabaja una interina que también se encuentra de baja. La Relación de Puestos de Trabajo contempla cinco médicos, que no solo ejercen su labor sanitaria sino que en ocasiones ejercen como peritos en situaciones conflictivas. Al respecto, la dirección ya se pronunció y aseguró que las instalaciones no se quedarían sin sanitarios ya que hay enfermeros y avanzó que buscan una alternativa para solucionar el problema antes de que concluya el verano.

¿Qué ocurre con la figura de agente de autoridad?

Al margen de la protesta por la falta de personal en la prisión cacereña, una reclamación que se produce de forma sistemática en prácticamente todas las cárceles del país, los funcionarios mantienen abierto otro frente, uno histórico, que se les declare agentes de autoridad. ¿En qué consiste exactamente esta figura y qué derechos aporta? Según recoge el ordenamiento jurídico, esta catalogación puede otorgarse a cualquier funcionario público. En concreto, están incluidos en esta figura los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ley orgánica 2/1986) pero también funcionarios como los parlamentarios, trabajadores de la justicia, notarios y registradores de la propiedad.

Entre las diferencias que aportan con respecto a los funcionarios que no ostentan esta distinción se encuentra principalmente la presunción de veracidad en todas las denuncias que formule en el ejercicio de sus funciones. También, en el caso de recibir amenazas o insultos podrá dar parte a un superior o hacerlo constar al juzgado en el oficio de su condición de autoridad. Estos dos puntos son los que reclaman los trabajadores de las cárceles a raíz de las agresiones que se han producido en los últimos años entre los internos. En ese sentido, la reclamación se agudizó durante la pandemia cuando la situación de tensión y violencia se agravó exponencialmente. 

Tras las reivindicaciones de colectivos, el gobierno central con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior se comprometió en julio de 2020 a desarrollar una ley que atendiera a las reclamaciones de sindicatos y trabajadores, entre ellas el reconocimiento de esta figura y anunció que en el primer trimestre del 2021 entraría en vigor. Finalmente fue el PP el que a finales de ese año presentó una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley General Penitenciaria de 1979, la que se encuentra en vigor. Esta proposición fue debatida en el Congreso de los Diputados y tumbada por el PSOE y Unidas Podemos.