Sindicatos cifran en 80 las plazas de la prisión que no se cubren

La protesta tuvo lugar frente al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en la avenida Virgen de la Montaña, contó con casi medio centenar de personas y se prolongó durante algo más de media hora. El motivo de la convocatoria es justificado en el clima de «inseguridad» provocado por el aumento de agresiones que se han producido hacia los trabajadores públicos en el último año, la última este mes cuando un interno agredió a dos trabajadores en un traslado, y la falta de personal. 

En declaraciones a este diario, Silvia Fernández, secretaria general de la Sección Estatal de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras, lamenta que con la plantilla actual «no se puede desempeñar el servicio público penitenciario con seguridad ni se puede garantizar la integridad de los internos que están privados de libertad ni la del personal penitenciario».

También en relación a las agresiones pone de manifiesto la portavoz sindical otro de los grandes problemas que padece la prisión cacereña: la escasez de personal sanitario. En ese sentido, precisa que «las agresiones están vinculadas a la falta de tratamiento de las enfermedades mentales que en prisión tienen una incidencia superior a la de la población libre, hay internos que entran descompensados y tienen que recibir una asistencia sanitaria que no tienen». Por este motivo reclamó mayor presencia de mayor personal sanitario y especializado en Psiquiatría al tiempo que denunció una situación que se producirá en la cárcel cacereña dentro de un mes. Tal y como publicó este diario, a finales de verano se jubilan los dos médicos que se encuentran en las instalaciones y esto unido a que la sanitaria interina se encuentra de baja por maternidad, la prisión se quedará sin médicos titulares. La dirección ya ha asegurado que busca alternativa y defiende que no se quedarán sin personal sanitario ya que hay enfermeros. 

Envejecimiento de la plantilla

Otra de las problemáticas que agudiza la situación de las prisiones es la avanzada edad de los funcionarios, que rondan una media de 57 años, y los criterios que contempla el gobierno para reponer sus plazas. En ese sentido, Fernández sostiene que en el caso de las jubilaciones, cada vez más frecuentes, «solamente se reponen las que se producen en el año anterior» y expone que ha habido años en los que no se ha convocado oferta y por tanto se han ido acumulado vacantes que no se llegan a cubrir. Del mismo modo sostiene que llegados a una edad, los trabajadores pasan a segunda actividad --no ejercen labores de vigilancia-- y para esas plazas tampoco se contempla un reemplazo. 

En relación a la oferta pública de empleo que anunció el Gobierno central este miércoles y que contempla 1.140 puestos para prisiones, Fernández califica la cifra de «insuficiente» ya que, según justifica, cuando se ejecute será en 2024 y en este periodo habrá más salidas que entradas previstas. Al respecto, los sindicatos reclaman una convocatoria extraordinaria que contemple más plazas.