El portavoz del gobierno municipal, Andrés Licerán, avanzó este viernes parte del proyecto que se presentará al Ministerio de Transportes para optar a fondos europeos con cargo a un nuevo programa de ayudas a municipios. El fin del mismo es la implantación de zonas de bajas emisiones y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano. La propuesta que presentará Cáceres es por un importe de cuatro millones de euros e incluye la ejecución de nuevos aparcamientos disuasorios. Con cargo a este programa se pretende acometer cuatro estacionamientos, hay un quinto que ya ha salido a licitación y que ordenará la parcela que está enfrente del cementerio, donde se habilitará un centenar de plazas.
La propuesta que presenta Cáceres incluye la creación de nuevos carriles para bicicletas, la oferta de un parque de bicicletas eléctricas y la construcción de nuevos aparcamientos disuasorios. Esta inversión es posible ahora con los fondos de recuperación europeos. El ayuntamiento tiene hasta el 30 de septiembre para presentar su propuesta. Licerán no citó la ubicación de estos aparcamientos disuasorios, solo la de uno de ellos: estará en el entorno de Las 300.
Con esta inversión también se quiere dar cumplimiento por parte del gobierno local a los acuerdos que tiene con Unidas Podemos para la legislatura, un compromiso que incorpora la adopción de medidas de movilidad urbana y que ha facilitado que los tres concejales de Unidas Podemos hayan dado su voto a los presupuestos presentados por el gobierno de Luis Salaya. Como parte de esas medidas de movilidad y a propuesta de Podemos ya se incluyó en los presupuestos de este año la ejecución de un carril bici en la avenida de la Hispanidad y un acceso peatonal entre Montesol y el paseo Alto.
La ejecución de aparcamientos disuasorios en el entorno del casco viejo es una asignatura pendiente de las últimas corporaciones, proyectos previstos en el plan especial (norma urbanística del casco viejo) no han llegado a materializarse, ni en la plaza Marrón, ni en Tenerías ni en el patio del convento de Santa Clara, la única excepción fue el aparcamiento de la plaza de obispo Galarza.
La revisión del plan especial, que está en tramitación, amplía las posibles ubicaciones de aparcamientos disuasorios. En uno de ellos ya se ha intervenido al habilitarse plazas de aparcamiento en las inmediaciones del edificio que albergó el colegio del Madruelo. Ese estacionamiento se iba a ampliar, una iniciativa que queda paralizada una vez que la parcela del colegio se cederá a la Junta para la construcción de un museo. Licerán comentó este viernes que se solicitará a la Junta de Extremadura que se mantengan plazas de estacionamiento en esta zona.
Si la revisión del plan especial hace propuestas para mejorar la accesibilidad en las inmediaciones del casco histórico, el plan de urbanismo contempla desde el año 2010 varias ubicaciones para grandes estacionamientos en las inmediaciones del centro. De estas propuestas se hizo el de la avenida de Clara Campoamor, Tanto en el plan general como en la revisión del plan especial se plantea la ubicación de un aparcamiento en los terrenos de Iberdrola que están en las inmediaciones de la Ribera del Marco. Desde el ayuntamiento se confirmó que hay contactos con la eléctrica, pero, en el caso de que los resultados sean positivos, el inconveniente que tiene para su financiación con fondos europeos es que para cumplir los plazos que hay para su gasto el ayuntamiento debe garantizarse con tiempo suficiente la propiedad del solar.
Estos proyectos de movilidad se plantean ahora porque hay fondos europeos. El programa al que se optará con una propuesta de cuatro millones (puede concederse todo, parte o nada) tiene como objetivo «la mejora de la calidad del aire y contribuir a la descarbonización del transporte urbano, haciendo más atractivo el uso del transporte colectivo y de la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), de manera que la utilización del vehículo privado de motor sea mucho más limitado en el centro», según la información difundida por el ministerio. Una parte de estas ayudas se dirigen a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, competentes para prestar servicios de transporte público.
