Las dos niñas del Alba Plata de Cáceres siguen sin acudir a clase y la Junta reitera que las faltas sin justificar suman para que se active el protocolo de absentismo. Por tercer día consecutivo, las menores que protagonizaron la polémica la primera semana del curso en Cáceres debido a que sus familiares no querían que acudieran a clase con mascarilla no asistieron al aula. De esta forma lo confirmó la dirección del colegio, que aseguró que estos días la Junta mantiene un seguimiento educativo de las ambas alumnas para que no se descuelguen del curso, una medida puntual que en ningún caso sustituye a las clases presenciales. De hecho, Educación ya precisó la pasada semana que en ningún caso ofrecerá una alternativa para que estudien en casa debido a que no está justificada su ausencia

De este modo, aunque este lunes rechazó hacer más declaraciones sobre el asunto en respuesta a este diario, la Junta ya ha dejado claro que activará el protocolo de absentismo si las niñas continúan sin acudir al aula sin una causa justificada que no sea la decisión de sus progenitores de no usar las mascarilla. 

El Gobierno regional puso fin al asunto este viernes tras una polémica de cuatro días. En un primer momento, ofreció la posibilidad de que las dos menores recibieran clase en el centro aisladas del resto, una decisión que rechazaron los propios docentes del colegio que se plantaron en bloque ante la opción de tener que compartir aula con las niñas sin mascarilla. De hecho, se manifestaron ante las puertas del colegio a la mañana siguiente. Fue entonces cuando el secretario compareció para precisar que sin mascarilla no entrarían en el colegio

Con respecto a los detalles del protocolo de absentismo, el plan regional permite iniciar medidas si el número de ausencias es igual o superior al 10% del tiempo lectivo en un mes. El primer paso es notificar la situación a la familia y solicitar colaboración. Si no se soluciona, el jefe de estudios convoca a la familia y se abre expediente. Más tarde, se notifica a Servicios Sociales, luego a la Dirección General de Infancia y Familia y como último recurso, a la Fiscalía aunque la Junta ya ha remitido documentación al ministerio público.