Los diez trabajadores que componen hasta ahora la plantilla del ‘call center’ del Sepad denuncian que serán despedidos tras el cambio en la empresa que gestiona el recurso. Son seis empleados de gestión y cuatro teleoperadores, el 80% de ellos mujeres y todos empleados con un grado de discapacidad. Hasta ahora han trabajado para Fitex Ilunion, empresa perteneciente al Grupo Social ONCE y con sede en el campus de Cáceres, y desde hace unas semanas aseguran que su puesto peligra debido a que la Junta de Extremadura ha sacado a concurso el recurso y finalmente ha sido adjudicado a una empresa con sede en Málaga denominada Factudata XXI. 

En ese sentido, Fitex Ilunion expone a este diario que no se cumplen los requisitos para subrogar a los trabajadores y ha llevado el caso a los tribunales presentando un recurso basándose en el artículo 130 de la ley de contratos públicos que hace referencia en uno de sus puntos que «en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general».

De este modo, la empresa también lamenta que han trabajado durante la pandemia en el servicio de call center’ en los meses con mayor carga de trabajo y sostienen que ahora los trabajadores se van a quedar si no se remedia en una situación de desamparo ya que la única opción viable que puede contemplarse es que la empresa malagueña acepte que los diez empleados hagan teletrabajo. Así para exponer su situación, los propios empleados hasta ahora del servicio del Sepad han convocado una rueda de prensa para exponer su situación y reclamar una alternativa. La representación de los trabajadores también avanza que la previsión era que Fitex Ilunion presentara el recurso a esta adjudicación ya que considera que no se ajusta a los parámetros de legalidad este pasado lunes y por tanto los empleados tuvieran en sus manos hoy la carta de despido que les garantizara la indemnización en el caso en el que no sean renovados. En declaraciones a este diario, Fitex defiende que esta situación puede ser semejante a la que se produjo cuando se adjudicó el concurso de ambulancias a Tenorio. 

Preguntada por este asunto, la Junta expone que «por ley hay obligación de subrogar, a menos que el trabajador no acepte. Y en ese caso tiene derecho a indemnización», sostiene. En relación a la denuncia de baja temeraria que realiza Ilunion, pone de relieve que «si la mesa de contratación, donde está la intervención de la Junta de Extremadura, ha sacado adelante la adjudicación es porque no la ha considerado una baja temeraria».