El ayuntamiento va a abrir el plazo para la presentación de solicitudes a la adjudicación de alquileres sociales en viviendas de promoción pública, todas en el barrio de Aldea Moret. La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, destacó este miércoles que el proceso que se inicia ahora permitirá dar una alternativa para tener una viviendas «a familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social».

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá una vez que hayan transcurrido diez días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, salió ayer, del anunció de esta oferta de alquileres sociales. Este plazo permanecerá abierto durante un mes. Pulido explicó que una vez cerrado el plazo se tendrá que convocar la comisión que valorará todas las solicitudes que se presenten. Recordó que el coste del alquiler social permitirá el acceso a una vivienda a familias que tienen dificultades para optar a los precios del alquiler que hay en el mercado.

De manera paralela a la resolución de las adjudicaciones, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, titular los pisos, se encargará de su reforma para que puedan ser ocupados.

Las viviendas están en Aldea Moret, donde se han desarrollado en los últimos años el mayor número de bloques de viviendas de promoción pública, tanto en los años ochenta, con las promociones que realizó el ayuntamiento, como en los noventa, por parte de la Junta de Extremadura. Los programas posteriores, en especial el plan de viviendas de 60.000 euros y antes la Ley del Kilómetros, llevaron las viviendas de promoción pública a otras zonas de la ciudad.

 Entre las condiciones que se solicitan en esta convocatoria figuran la presentación del certificado de empadronamiento histórico en el que se haga constar el tiempo de residencia en el municipio, documentos acreditativos del nivel de renta o la declaración responsable de no haber resultado ninguno de los miembros de la unidad familiar beneficiado con la adjudicación de una vivienda de promoción pública.

Aunque esta convocatoria parte de una resolución del pasado septiembre, su anuncio coincide con el acuerdo entre los dos socios del Gobierno sobre la ley de vivienda, el mismo incluye la posibilidad, si el ayuntamiento lo solicita, de un recargo en el IBI de las viviendas vacías. Esta posibilidad ya está en la ordenanza municipal con un recargo que es del 50%.