«Es totalmente injusto que un servicio que se da en Extremadura salga de la región, nos estamos quejando siempre de que los jóvenes tienen que irse de Extremadura y somos nosotros los que fomentamos que se tengan que ir». De esta forma se expresaron los diez trabajadores del ‘call center’ del Sepad que hasta ahora han ejercido su actividad contratados por Fitex Ilunion, empresa adjudicataria del servicio. Ha sido hace semanas cuando la Junta de Extremadura ha vuelvo a sacar a concurso el recurso que se prestaba en Cáceres y finalmente ha sido adjudicado a la empresa Factudata XXI, una empresa con sede en Málaga, una realidad que según denuncian los diez empleados con discapacidad «amenaza con dejarles sin empleo» ya que «la entidad no contempla subrogar sus puestos de trabajo». 

Para expresar su disconformidad con este cambio de adjudicatario y manifestar que la actual empresa no cumple con los requisitos que se detallan en el pliego, la plantilla convocó una protesta a las puertas del centro en el que ejercen su actividad, la sede de Fitex Ilunion ubicada a la entrada del campus universitario. 

De este modo, una de las representantes de los trabajadores afectados leyó un manifiesto en el que recogió todos los puntos a abordar. En ese sentido destacan que con la adjudicación del servicio «a la empresa malagueña la Junta de Extremadura está fomentando la pérdida de empleo en la región con el agravante de ser empleos en este caso de personas con discapacidad que, experimentamos mayores tasas de desempleo, precariedad e inactividad. También subraya el manifiesto que «la pérdida de este servicio arrojará un déficit de atención a la ciudadanía extremeña debido a que está dirigido a un colectivo que requiere respuestas inmediatas y una formación especial que entraña complejidad. 

Del mismo modo, precisan en el documento que la empresa no cumple los requisitos del pliego ya que presenta unas categorías de contratación para ocho profesionales, tres gestores y cinco teleoperadores. En la actualidad trabajan en el servicio cuatro gestores y seis teleoperadores. De igual manera consideran que con esta adjudicación la Junta de Extremadura incumple la norma que recoge la ley de responsabilidad social empresarial en Extremadura en su artículo 19, que expone que los poderes públicos extremeños desarrollarán las medidas dirigidas a impulsar una gestión socialmente responsable en sus administraciones respectivas mediante actuaciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, la promoción de la igualdad, la reducción de la temporalidad y la incorporación de cláusulas sociales en los concursos y contratos públicos . 

Lamentan en ese sentido que ni la empresa ni la actual Fitex Ilunion dan respuesta a la subrogación de los empleados. Así exponen los trabajadores afectados por este cambio en la adjudicación que de no escucharse sus demandas pondrán en marcha los mecanismos legales para que la situación se solucione. 

Por su parte, Fitex ya anunció que emprenderá acciones legales y avanzó que interpondría un recurso contra la adjudicación. La previsión es que ese documento de recurso se presentara este pasado martes. Por otro lado, la Junta, en respuesta a este conflicto aseguró que la obligación de toda empresa es que subrogue a la plantilla aunque insistió en que si la mesa de contratación ha considerado que la empresa cumple los requisitos es que la adjudicación se ajusta a los pliegos del contrato.