La agrupación de asociaciones de vecinos y el círculo empresarial de Cáceres han presentado alegaciones de forma conjunta contra la subida de los impuestos de bienes inmuebles y de vehículos. En las reclamaciones se solicita a la corporación local que no aplique este incremento. Uno de los argumentos es que se da un trato de «desigualdad y de discriminación» a «una gran cantidad» de empresarios, de autónomos y de contribuyentes.

Entre sus argumentos está que la modificación de la ordenanza discrimina a unos empresarios respecto a otros, ya que los propietarios de bienes urbanos destinados a hostelería, ocio o comercio pagarán menos al aplicársele un tipo impositivo en el IBI menor, del 0,675% del valor catastral frente al 0,75% que abonará el resto.

También se razona en las alegaciones que no hay proporcionalidad en la aplicación de la subida, ya que se está aplicando el mismo tipo impositivo (0,75%) al titular de una vivienda «modesta» que a otro que tiene un bien residencial con un valor catastral de hasta 350.000 euros (a partir de esta cifra el tipo que se pretende aplicar con la modificación es del 1%).

En cuanto al incremento de la tarifa del impuesto de rodaje, en las alegaciones también se incide en que «no se da un trato de igualdad ni proporcionalidad» a todos los contribuyentes ni tampoco «de equidad», ya que «se premia» con bonificación a los propietarios de «vehículos ecológicos» cuando éstos tienen precios «casi prohibitivos» a los que no pueden acceder «las clases medias o bajas» que «tendrán que resignarse con los vehículos de combustión y esto significa que se penaliza a las clases menos pudientes», según la alegación.

El partido político Cáceres Viva, al que pertenecen los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, también han presentado alegaciones, en las que, entre otros razonamientos, se argumenta que con la modificación de la ordenanza «se ha vulnerado el principio de no confiscatoriedad como resultado de la aplicación desmesurada y anormal de la carga tributaria». En la propuesta que presenta esta formación política se plantea un incremento de las bonificaciones, entre éstas se propone que la bonificación sea del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante el periodo impositivo de 2022 y 2023 para los inmuebles urbanos de uso comercial, de ocio y de hotelería, proponiendo que también se incluyan los apartamentos turísticos en esta bonificación fiscal.