El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres ha archivado la causa abierta a la residencia de mayores de Garrovillas de Alconétar por dos internos que fallecieron en el centro durante la pandemia. Las familias de las dos personas que murieron en las instalaciones en marzo de 2020, representadas por el abogado Daniel López Vivas, interpusieron una querella contra la dirección del centro por un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte y omisión de la asistencia sanitaria. La denuncia se presentó contra la directora de la residencia, la persona que gestionaba el centro y el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el juez justifica su sobreseimiento en el informe forense, que indica que dadas las condiciones de un virus nuevo y desconocido, la respuesta del centro no fue deficiente.

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, se recoge que una vez que se abrieron diligencias prestaron declaración responsables del centro como la directora, que defendió que se dio el trato adecuado y que se siguieron los protocolos. En relación a uno de los residentes, manifestó que su diagnóstico comenzó con un resfriado, que tuvo una caída y más tarde fue trasladado, el 13 de marzo, al hospital donde tras una prueba, dio positivo en covid. En relación a otra de las pacientes fallecidas, aseguró que presentaba un deterioro general y que los médicos también le prestaron atención sanitaria.

En cuanto a los informes forenses, el juez considera probado que ambos pacientes fueron asistidos tanto desde el punto sociosanitario y médico, "con las adecuadas medidas que en cada momento requirió su estado, sin perder de vista, la excepcionalidad de los momentos críticos vivido s ante una situación de pandemia originada por un virus hasta entonces desconocido y que produjo , sobre todo en los momentos iniciales, una situación que desbordó los recursos humanos y asistenciales. En cuanto al "conjunto de valoraciones realizadas y de la asistencia prestada, tanto en el centro residencial como facultativo, no se aprecian actuaciones de mala praxis y por tanto toda la instrucción anterior lleva a concluir que no se ha acreditado la existencia de los delitos denunciados ni la imprudencia profesional ni omisión del deber de socorro".

Por su parte, la representación legal de los denunciantes, que lleva a cabo el letrado Daniel López Vivas, avanza que en este momento trabaja para reunir la documentación posible para que no se cierre el proceso y presentar una demanda civil contra la empresa que gestiona la residencia de Garrovillas.

Este diario contactó con la empresa que gestiona la residencia para conocer su valoración sobre la decisión judicial, pero la dirección declinó hacer declaraciones al respecto.